Cuando la 'campana política' salva a algunos

Por Jorge Saldaña Ramírez

Pecaron moral y legalmente. Están impunes. Y encima cobrarán doble sueldo por la gratificación del próximo julio. Nos referimos a los congresistas José Vega Antonio (UPP) y los humalistas Yaneth Cajahuanca y Miró Ruiz Delgado.

Seguramente ellos son los únicos congresistas que, desde el jueves, disfrutan más que nadie el cierre del año parlamentario.

Y es que sus casos de inconducta --documentados en tres informes de la Comisión de Ética Parlamentaria-- ni siquiera fueron discutidos por la representación parlamentaria en los vergonzosos tres días finales de la última legislatura.

De este trío, Vega es el que tiene el pecho más henchido porque desde el 23 de abril su expediente estaba listo para que fuera debatido en el plenario congresal. ¿Cuál fue su dolo? Contrató en su despacho parlamentario a la señora Suzan Priscilla Paz, madre de su nieta y conviviente de su hijo. Lo peor es que ella fue una trabajadora fantasma; o sea, nunca pisó la oficina congresal, pero sí cobró puntualmente su sueldo durante siete meses consecutivos.

El informe ético es lapidario: 90 días de suspensión para Vega y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso determine si amerita denunciarlo penalmente, tal como sucedió con su colega aprista Tula Benites.

La otra 'joyita' es la humalista Yaneth Cajahuanca Rosales, quien no tuvo vergüenza alguna para contratar en su despacho a tres conocidos suyos. Uno de ellos es Armando Pérez, su pareja, que tenía funciones de asesor principal. Lo más grave aún es que este señor está inhabilitado para trabajar en alguna dependencia estatal por una sanción impuesta desde el 2004.

El otro es Octavio Ordóñez, a quien contrató como su asistente por el solo hecho de ser el esposo de su tía materna. Y encima Ordóñez fue un trabajador fantasma, ya que nunca se lo vio en la oficina.

Y la tercera persona es Yulema Bolañoz, quien ejerció como coordinadora del despacho de Cajahuanca de enero a diciembre del 2007 a pesar de que aparece como trabajadora a dedicación exclusiva en la planilla de una empresa dirigida por su mamá. ¿No es linda?

¿Cuál es la sanción que recaería a esta 'benefactora' legisladora? Ciento veinte días de suspensión y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronuncie para saber si cabe denunciarla penalmente.

El tercer y último caso de mala conducta parlamentaria que sigue impune es el del humalista Miró Ruiz, quien el 22 de mayo mató con un arma de fuego a un schnauzer de nombre Matías, de propiedad de su vecina.

Al día siguiente del hecho, el huancavelicano dijo que ni siquiera había mirado al perro. Cinco días después confesó todo: lo mató con un arma que carecía de licencia y admitió que se había ocultado todo ese tiempo en su casa para rehuir de su responsabilidad. "¡Pucha, por un perro están haciendo tantos problemas!" fue su más triste declaración ante sus pares de la Comisión de Ética.

Si hubiera habido voluntad política, Miró Ruiz ya habría sido suspendido en sus funciones durante 100 días y estaría con un pie en algún tribunal.

¿Qué hay detrás de estas dilaciones? Puro cálculo político. O sea, votos de cara a la elección de la próxima Mesa Directiva. Así lo admitió ayer la titular de la Comisión de Ética, Elizabeth León, quien confesó sentirse agotada por estos casos. ¿Estos expedientes serán vistos en agosto? Dependerá de quien tenga en sus manos la 'campana política'.