Con la diversidad de instrumentos de medición que ofrece la tecnología moderna, resulta inadmisible que más del 80% de las municipalidades capitalinas no dispongan aún de un catastro actualizado. Y es que no solo están incumpliendo las normas vigentes que regulan la aplicación obligatoria del catastro, sino que condenan a sus distritos al caos urbano.
El catastro es herramienta de gestión indispensable para cuantificar el número de predios y los servicios públicos, y por lo tanto para incrementar el valor de la propiedad o determinar las carencias de la población. Sin estos registros es imposible planificar el crecimiento de una ciudad, elaborar planes de zonificación y reducir los conflictos limítrofes y la delincuencia. Además facilitan la actualización de la base tributaria y el control de la evasión de impuestos, aunque al parecer eso no interesa mucho a ciertas alcaldías.
Bien vale preguntarse qué están haciendo con el 5% del Impuesto Predial que, según la Ley de Tributación Municipal, debe destinarse al desarrollo y mantenimiento de los catastros. ¿Qué pasó con el reglamento de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro, dado en el 2006, para uniformar criterios en las zonas urbanas?
Lo cierto es que la inacción en este tema es casi dolosa y obliga a las municipalidades a involucrarse más en el ordenamiento de sus jurisdicciones. Es irónico que los distritos más poblados y expuestos a un sinfín de problemas y riesgos no cuenten todavía con esta hoja de ruta de indiscutible necesidad en la gestión edilicia.