El Parlamento Europeo aprobó la polémica directiva del retorno, que forzará el regreso a sus países de origen de unos ocho millones de indocumentados. Gobiernos sudamericanos y organizaciones de derechos humanos han protestado por la medida, pues establece la repatriación de menores de edad y la reclusión de indocumentados de 6 a 18 meses.
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