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La educación legal en el mundo actual

Por: Raúl Ferrero C. Jurista |

La educación legal hoy tiene que superar las amarras propias del sistema jurídico del que proviene, el que la encamina de acuerdo con las reglas vigentes en el país donde se aplican.

Para ampliar ese encasillamiento algo se ha intentado, a través de los códigos latinoamericanos, tanto tributario como penal, que sirven de referentes para recoger en el ámbito de nuestra región las instituciones similares que permitan concordancias, de forma que se abran paso concepciones jurídicas que se complementen entre sí, superando las caracterizaciones distintas. Así, se debería aplicar una suerte de fuerza centrípeta en el derecho que venza a las fuerzas centrífugas que se han ido imponiendo como manifestaciones de las diferentes características del derecho en cada sociedad.

Un mundo cada vez más interconectado aconseja que los países hagan el esfuerzo de acercar sus legislaciones y sistemas jurídicos, comprendiendo no solo el intercambio en el campo comercial, sino que se amplíe, profundizándose al terreno de las inversiones en general, y así se vayan cubriendo las distintas áreas del derecho.

Por eso resulta necesario, para comenzar, que los sistemas codificado y anglosajón recojan las similitudes que existen entre ambos, y se implementen mejor las concordancias que se dan en más materias de lo que se piensa.

Así, por ejemplo, podremos ver cómo en el derecho civil los parecidos son mucho mayores de lo que se muestran a primera vista. Por experiencia propia, el derecho de las obligaciones --curso que hemos enseñado durante varios años--, nos ha permitido comprobar cómo las instituciones básicas tienen principios aplicables por igual al derecho común ('common law') como al derecho codificado (napoleónico-romano), lo que sirve de base para un derecho integrado o derecho global.

Si bien el adecuado enfoque educativo y académico puede hacer mucho en esta suerte de simbiosis a la cual sería conveniente direccionar los esfuerzos prácticos y de investigación, también es cierto que la legislación juega un papel determinante.

Aunque tampoco se debe esperar que primero cambien las leyes, incluidas las reformas constitucionales que sean necesarias, para recién emprender la tarea del análisis comparativo de las instituciones existentes y, vía jurisprudencial, los jueces puedan llevar la delantera interpretativa como lo hicieron los pretores en la Roma antigua.

De igual forma que el derecho en América Latina es muy parecido en cada uno de sus países, lo propio ocurre entre Estados Unidos, Canadá y las naciones angloparlantes del Caribe.

Si bien no debemos ser demasiado ambiciosos en un inicio, sí creemos que se debe orientar la enseñanza del derecho, por lo menos en el mundo occidental, hacia el análisis comparativo que nos permita el acercamiento doctrinario con el anglosajón, lo que luego será seguido por una legislación más precisa que sea capaz de establecer las reglas necesarias.

En un mundo cada vez más interrelacionado y menos ajeno, sin contradecir a Ciro Alegría, es necesario que desde las cátedras universitarias se afinen los criterios para acercar las instituciones legales a través de la doctrina y los comentarios académicos.

Los profesores y estudiosos deben constituir la avanzada, de forma que la educación legal ayude en la interpretación que nos permita unificar criterios en este mundo crecientemente globalizado que nos toca vivir y que exige una visión innovativa, que se adecúe a los cambios que cada vez son más rápidos y fáciles de conocer con los crecientes avances tecnológicos.

Con relación a cuáles deberían ser las materias prioritarias, nos permitimos sugerir la penal, la civil, la comercial (incluida la propiedad intelectual) y la corporativa. Podrán incluirse otras, pero cuantas más se agreguen, demasiado pronto se correrá el riesgo de que se diluyan los intentos de acercamiento.