Servicios de inteligencia serán fiscalizados para evitar 'moqueguazos'

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El reciente conflicto social en Moquegua no solo desnudó la poca importancia que las autoridades de los distintos niveles de gobierno dan a los informes de inteligencia preventiva, sino que también evidenció la escasez de coordinación entre los servicios de inteligencia policiales y los de los institutos armados.

Para empezar a explicar esta situación hoy deberán concurrir a la Comisión de Inteligencia del Congreso el director de inteligencia de la Policía Nacional, coronel Marino Sihuas Campos, y el director de inteligencia del Ministerio del Interior, general (r) PNP Jorge Washington Cárdenas Sáenz.

Estas autoridades fueron citadas por el grupo de trabajo parlamentario que preside Mauricio Mulder (Apra), quien adelantó que la siguiente semana se citará al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general EP (r) Héctor Bertrán Lora, así como también al ministro del Interior, Luis Alva Castro.

"Vamos poco a poco. Estamos elaborando la lista de autoridades que deberán darnos un informe sobre la violencia desatada la semana pasada en Moquegua tras los reclamos de redistribución del canon minero, situación que llegó al extremo del secuestro de unos 60 policías", manifestó Mulder.

El titular de la Comisión de Inteligencia dijo haber recibido con anterioridad información sobre "eventuales conflictos que podrían terminar como el caso de Moquegua, en los cuales se sabe que Patria Roja está involucrada".

IMPULSO DEL GOBIERNO
Frente a esta situación el ministro Alva Castro señaló que el Gobierno impulsa que en cada ministerio haya unidades de solución de conflictos que se encarguen, en primera instancia, de resolver los problemas de manera focalizada.

"Estas unidades deberían coordinar con los servicios de inteligencia y viceversa para evitar que los conflictos alcancen una escala nacional. Necesitamos mesas de diálogo. Por ahora está bien que los jefes de inteligencia acudan al Congreso a explicar los sucesos de Moquegua. Haré lo mismo apenas me lo requieran", refirió Alva.

Para el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, el problema no es la falta de información de inteligencia. "El tema es que recibimos variada información, pero como parte de un montón de cosas y sin que lo importante esté destacado. Hay que diferenciar la información de rutina de aquella que marca una alerta", advirtió Flores-Aráoz.

Agregó que los distintos órganos de inteligencia del país se reunirán cada 15 días para intercambiar información y reconocer las prioridades.

MONITOREO REGIONAL
El jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, indicó que en los últimos meses su institución ha venido monitoreando los conflictos sociales del país, documentación que --dijo-- se entrega a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

"Lo que nos dice esta información es que se tiene que desarrollar en el Estado una respuesta institucional para afrontar los conflictos sociales. Esto no puede esperar", recalcó Luque.

El especialista en solución de conflictos sociales consideró necesario que el Estado obtenga información de calidad a tiempo y que esta sea analizada por equipos multidisciplinarios que entiendan los componentes económicos, sociales, políticos y culturales de los problemas de cada región.

"Hay que generar estrategias de intervención a través del diálogo. Se puede evitar que la protesta llegue a la calle y derive en violencia", enfatizó Luque.

Confía en que no haya impunidad
El viceministro del Interior, Danilo Guevara Zegarra, reiteró ayer a través de un comunicado que estaba en curso una exhaustiva investigación sobre los recientes sucesos de Moquegua, en los que actuaron algunos sectores extremistas.

Guevara sostuvo que sectores radicales generaron los actos de violencia, por lo que pidió al país reflexionar y rechazar en conjunto todo acto de intimidación.

"Estamos en un gobierno y un sistema democráticos y las autoridades competentes han iniciado las investigaciones del caso. Se detectó a grupos de personas que portaban objetos contundentes, así como a sujetos que azuzaron a la población diciéndole que no iban a recibir los recursos generados por el canon minero", refirió.

Agregó que como sociedad y como Estado se debía voltear la página y reflexionar conjuntamente para evitar que se vuelva a producir este tipo de sucesos.

"El Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones, ya está investigando estos hechos y todos nosotros confiamos en que tampoco habrá impunidad", finalizó Guevara.