MAYOR AGILIDAD
El Gobierno estableció límites a las funciones de fiscalización y sanción del Estado y otorgó mayores garantías a las personas naturales y jurídicas sujetas a estos procedimientos. Mediante un decreto legislativo, el Gobierno modificó las leyes 27444 (del procedimiento administrativo general) y 29060 (del silencio administrativo), lo que obliga a los organismos públicos a actuar con más celeridad y predictibilidad.
Según Carlos Peña Perret, abogado especialista en derecho administrativo, la nueva norma reduce de cinco a cuatro años el plazo máximo en el que el Estado puede definir la responsabilidad del administrado (empresa o persona). "Hoy los abogados del Estado interpretan que en ese plazo tienen tiempo para iniciar el proceso de investigación, con lo cual la sanción puede terminar aplicándose 10 años después", dijo. La precisión reduce drásticamente este plazo de incertidumbre.
Asimismo, se establecen seis criterios (gravedad, perjuicio al Estado, repetición, circunstancias, beneficio obtenido e intencionalidad) para determinar el monto de la multa. Ello hace que las sanciones sean más predecibles. Peña precisó también que ahora las sanciones de cada entidad deberán sujetarse a esta norma general.
La Cámara de Comercio de Lima felicitó mediante un comunicado la publicación de la ley.