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El inútil pleito presidencial con las regiones

Por: Juan Paredes Castro |

El ingreso de las relaciones del Gobierno Central con los gobiernos regionales en un punto muerto no es cualquier cosa.

Y podría agravarse si no hay una salida rápida y madura.

El tema de fondo no radica en saber qué regiones funcionan bien y qué otras no, a cuáles conviene premiar y a cuáles castigar. Importa más saber qué pueden hacer y dejar de hacer juntos el Gobierno Central y los gobiernos regionales para que el país funcione y para que Alan García no sienta que la inacción de los de abajo le hace daño y que los de abajo no piensen que el mandatario quiere hacerlos morir de inanición política.

Lo primero que debería hacer Alan García es revisar los apuntes que tomó durante sus reuniones con los presidentes regionales en Palacio de Gobierno. Tiene que poseer un registro al detalle de lo que precisamente se abordó en ellas, como por ejemplo los problemas de asignación de presupuestos e inversiones, a cargo de un Ministerio de Economía que se niega a renunciar a sus viejos parámetros, y la falta de garantías en algunos receptores para emplearlos racional y técnicamente bien, como es el caso del presidente regional de Áncash.

Mientras estos protagonistas de un proyecto en pañales tiendan más a la riña que a los acuerdos entre sí, seguirán enfrentando, en desventaja, un exigente disparadero social, avivado, entre otras cosas, por una redistribución de ingresos todavía muy lenta e impalpable en una economía que exhibe los más altos índices de crecimiento de su historia.

Ambos comparten igualmente el problema de qué gestión eficaz introducir en sus respectivos aparatos burocráticos (del Gobierno Central y de las regiones) para generar los resultados óptimos que se buscan, entre ellos los vinculados al desarrollo de una mayor y mejor infraestructura social y al afinamiento técnico de una sinergia entre Lima y el interior del país, actualmente paralizada.

El punto de partida necesario para salir del punto muerto consiste en que los gobiernos regionales reconozcan autoridad en el Gobierno Central y este sepa que tiene la obligación de conducir, de la mano con ellos, el proceso de regionalización y descentralización. Esto pasa por una política de diálogo y puertas abiertas y por un compromiso de trabajo conjunto, que la PCM tiene que diseñar y llevar a la práctica antes que esperar aprenderse de memoria el cuadernillo de solución de conflictos de la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué no sentar a la mesa a Hernán Fuentes y César Álvarez para construir acuerdos civilizados, en lugar de dejarlos desempedrar calles cada vez que la histeria los invade?