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A propósito de una licitación

Por Gino Costa Santolalla. Ex ministrodel Interior

Absurda y vergonzosa es la acusación de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales contra Fernando Rospigliosi, por haber invitado a Pro Ética a garantizar la transparencia de la licitación de uniformes policiales realizada por el Ministerio del Interior entre el 2002 y el 2003. Sus fundamentos no son nuevos: que Pro Ética no existía cuando se firmó el convenio; que se quiso favorecer a las instituciones que la formaban; que profesionales inexpertos supervisaron las compras.

Primero, como Pro Ética estaba en proceso de inscripción, Interior firmó con su presidente un convenio específico para la licitación, que fue ratificado una vez concluida la inscripción, de acuerdo con lo contemplado en el Código Civil que reconoce a las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos el derecho a contraer obligaciones con cargo a que sean ratificadas posteriormente.

Segundo, la Asociación de Exportadores, el Instituto Prensa y Sociedad, la Comisión Andina de Juristas y Transparencia, socios fundadores de Pro Ética, no recibieron un sol por la supervisión. Interior solo cubrió los gastos administrativos, incluyendo los honorarios de los expertos extranjeros y nacionales contratados para esta tarea. Todos los gastos incurridos a lo largo de un proceso de casi dos años ascendieron a US$29.864,66.

Tercero, el equipo de expertos que supervisó las compras estuvo integrado por seis especialistas nacionales y encabezado por Luis Avella, miembro del capítulo colombiano de Transparencia Internacional, institución que hasta entonces había participado en más de sesenta grandes licitaciones.

El convenio con Pro Ética no solo se ajustó a la legislación vigente, sino produjo ahorros importantes, garantizó una amplísima participación de postores y sentó las bases para garantizar la integridad en grandes adquisiciones públicas.

Frente a precios referenciales de 60 millones de soles, tan solo se gastaron 50, lo que permitió comprar más uniformes. Alrededor de setenta pequeñas y grandes empresas ganaron la buena pro de los múltiples componentes de la licitación. Pro Ética asistió como veedora a las reuniones de los comités, organizó talleres con funcionarios y postores, prepublicó las bases e hizo suscribir pactos de integridad. Sumó el control ciudadano a la fiscalización, generalmente insuficiente, que por ley ejercen Consucode, contraloría y fiscalía. Aportó la experiencia de las mejores prácticas internacionales, constituyendo un modelo que lamentablemente no se ha replicado, con las perjudiciales consecuencias que conocemos.

Si ello no ha ocurrido es por la campaña de desprestigio que desató en su contra Jorge Mufarech, cuyas empresas familiares perdieron el privilegio de venderle a la PNP. Gracias a su vengativa insistencia, el Poder Judicial investigó a los funcionarios responsables, a los cuales exculpó. Lo propio hizo el Congreso con Rospigliosi, a quien no le encontró responsabilidad administrativa, política o penal.

La acusación, pues, no solo carece de fundamento, sino que es vergonzosa, por formularse contra quien adoptó, con éxito, medidas novedosas para garantizar el buen uso de los recursos públicos. En la mira del Congreso no están, como deberían estar, quienes hoy compran mal, sino precisamente quien dio ejemplo de comprar bien. Por ello, la Comisión Permanente debe revertir esta decisión. Si no lo hace, se hará responsable de haberle finalmente ceñido a Rospigliosi la "Condecoración de la Orden de Mufarech", que ensuciaría al Congreso y lo enaltecería a él.