Por Silvia Mendoza Martínez
Venezuela vive un dilema. Y es que tras una década de gobierno de Hugo Chávez Frías, marcada por el incremento de los precios de venta del petróleo, el nivel de vida de los venezolanos va en franco deterioro. Así lo afirman activistas a favor de los derechos humanos, quienes denuncian que a las carencias económicas se suman la falta de respeto de las más mínimas libertades de la población del país llanero.
Si hace casi 10 años la mayoría de los venezolanos celebraba la ascensión al poder de Chávez, hoy en día las críticas son mayores a las alabanzas, comentan los abogados David López y Theresly Malave, ambos integrantes de la Revapaz (Red Venezolana de Activistas por la Paz), quienes conocen de primera mano los pormenores de la crisis interna en el quinto exportador de petróleo.
Según los activistas, Venezuela vive un proceso de "descomposición social" caracterizada por la centralización del poder en manos de una sola persona, la cultura de la violencia que se traduce del lenguaje oficialista, y la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos.
Con el transcurso de los años "vemos que todos los poderes están sujetos al Ejecutivo, el Congreso renunció a legislar por medio de la Ley Habilitante (que faculta al mandatario a emitir leyes), la Alcaldía de Caracas entregó la dirección de la Policía Metropolitana al Ministerio del Interior, incluso la Comisión Nacional Electoral parece que consultó con el presidente sobre los resultados del referéndum de diciembre pasado (que rechazó la reforma constitucional propuesta por el Gobierno) antes de anunciarlos", afirma López.
A ello se suma la preocupante situación del Poder Judicial, que a decir de Malave, tiene comprometida su independencia tras el despido de jueces y fiscales que no siguieron las directivas oficialistas y su reemplazo por "jóvenes de 28 o 30 años, que solo tienen un par de años ejerciendo y que de un momento a otro asumen un cargo".
Precisamente la ex fiscal fue una de las víctimas de la poda chavista, pues fue despedida dos años después de ordenar el allanamiento de una casa del Movimiento Quinta República (fundado por Chávez) al día siguiente del golpe de Estado del 11 de abril del 2002, que sacó temporalmente del poder a Chávez y dejó decenas de muertos en las calles de Caracas. "Nosotros recibimos una denuncia y procedimos, en la casa detuvimos a cinco personas en posesión de armas, municiones y granadas. Además las pruebas demostraron que los cinco tenían rastros de haber disparado", nos comenta. Pese a las evidencias, Malave fue destituida con una resolución que aducía que violó "los derechos humanos de los detenidos", quienes finalmente fueron puestos en libertad.
López a su vez resalta la politización del Estado, agudizada por la creación del Partido Socialista Unido (PSUV). La situación es tan increíble "que muchos jueces y militares están inscritos en el PSUV, ya sea porque realmente son partidarios o porque quieren conservar sus puestos". Y es que estar en la lista del partido oficialista puede ser la diferencia --dicen-- entre tener un puesto de trabajo, acceder a una pensión de jubilación, a un préstamo o ver todas sus solicitudes denegadas.
SIN PALABRAS
Pero eso no es todo, asegura López. El altisonante discurso de Chávez --"parafraseado por los funcionarios, desde magistrados, diputados y ministros"-- ha exacerbado las diferencias políticas. "Para Chávez no hay opositores, él menciona a los leales a la revolución y a los enemigos, además siempre lanza amenazas durante sus alocuciones en su programa".
A ello se suman --según Malave-- las actitudes violentas de los funcionarios, como la diputada Iris Varela, quien agredió físicamente y ante cámaras al periodista Gustavo Azócar. "Con este tipo de actitudes, sus partidarios creen que también ellos pueden recurrir a la violencia", agrega.
Una prueba de ello es la creciente violencia que se vive en las calles de Caracas y los ataques contra activistas y opositores, afirman. "Recientemente dos miembros de Revapaz fueron atacados y al parecer la policía no tiene la intención de hallar a los responsables. Incluso en el caso de José Urbano (quien denunció la deserción de más de dos millones de escolares) antes de atacarlo le dijeron: Tú eres quien se está metiendo con el tema de la matrícula escolar, pues toma", y le dispararon. Eso fue hace tres meses, pero como seguía recibiendo amenazas tuvo que salir de Caracas hace 15 días", cuenta la ex fiscal.
La preocupación de los activistas se acentúa con la proximidad de las elecciones regionales, que se realizarán el 23 de noviembre, pues los ingentes recursos que ingresan a las arcas del Estado por la venta del petróleo no solo no tienen su correlato en la calidad de vida de los venezolanos, agobiados por la inflación y la escasez de alimentos, sino que además ya vienen siendo usados para comprar el favor político de los votantes. Lo increíble de la situación es que Chávez ha dicho abiertamente que solo él tiene los recursos para realizar obras públicas y "ahora la población es alentada a tramitar su pedido a través del PSUV".
Otra cosa terrible --dice López-- es el culto a la imagen de Chávez. "Las fotos y gigantografías del presidente están por todas partes, no hay oficina que no tenga una foto suya, otras incluso tienen fotos del Che Guevara", apoya Malave. Incluso --agregan-- el lema "Patria, socialismo o muerte" es repetido hasta la saciedad por los militares.
Así las cosas, la maquinaria chavista ya se puso en acción, pues "él sabe que su partido no va bien, que puede perder muchas alcaldías y gobernaciones", pues tras el triunfo del No en el referéndum se confirmó que ya no tiene el apoyo de la mayoría de la población. Este es el aliciente que hace pensar a los activistas que al finalizar el actual gobierno, Venezuela volverá a la alternancia democrática en el poder y con ese fin vienen trabajando.
Las restricciones y ataques a la prensa"En Venezuela uno puede decir lo que quiera, el problema es que inmediatamente te enjuician por difamación y vas preso", comenta Theresly Malave. Su colega de Revapaz, David López, agrega: "Han criminalizado todo, todas las leyes ahora tienen un acápite penal, han llegado al punto de decir que es un crimen protestar contra los funcionarios públicos".
Según los activistas, en la misma línea del cierre de la mayor televisora privada, RCTV, ocurrido en mayo del 2007, está el impedimento de informar y la intimidación contra los periodistas críticos.
"No les permiten filmar o investigar y solo el mes pasado fueron asesinados dos periodistas, uno recibió varios disparos en su auto y el otro fue apuñalado, coincidentemente ambos eran opositores al Gobierno", dice López.