¿Y la ley general del trabajo?

Por Samuel Gleiser Katz. Ex presidente de la Cámara de Comercio

En el 2000, con una economía en declive y una profunda crisis institucional, nadie pensó que ocho años después el Perú se ubicaría a la vanguardia del crecimiento en Latinoamérica, con sólidas bases para convertirse en un país del primer mundo en los próximos 20 años.

En la dinámica de este auge económico, en un marco de apertura comercial, ha sido fundamental el eficaz desempeño de la inversión privada, lo que ha dado lugar a los actuales guarismos de crecimiento, que según las proyecciones alcanzarían una tasa anualizada de 8% en diciembre próximo.

Asimismo, además del TLC ya oficializado con EE.UU. y del resonante éxito de la V Cumbre ALC-UE, que ha asegurado la llegada de importantes capitales, así como de la reciente obtención del grado de inversión, el Perú acaba de suscribir dos nuevos tratados de libre comercio con Canadá y Singapur.

Sin embargo, el Perú todavía afronta dos retos. Ser un país altamente competitivo para acceder con ventaja a mayores mercados y hacer que los beneficios del crecimiento alcancen a todos los peruanos para disminuir la pobreza y acabar la exclusión. Ello solo será posible con mayores inversiones, perseverando en la seguridad jurídica con reglas previsibles en el tiempo para mantener la confianza de los agentes económicos.

Bajo esta premisa preocupa toda señal que pueda significar el retorno al populismo, como los recientes cambios en la política laboral aprobados por el Congreso, cuando lo que el país requiere es que por fin tengamos una ley general de trabajo, que sin menoscabo de los derechos del trabajador sea flexible para facilitar, entre otros, el desempeño y la formalización de los cientos de miles de pequeñas empresas.

Mas allá de atender la coyuntura que solo afronta el corto plazo, el país necesita un plan nacional que fije las metas de desarrollo por lo menos hasta 20 años después. Nuestro actual horizonte termina en el 2011. ¿Y después qué?

Dos de las metas de este plan podrían ser, en el mediano plazo, la modernización de la infraestructura productiva y la industrialización, pues la historia señala que el crecimiento de una nación no debe depender solo de la explotación y exportación de sus materias primas, sino del valor agregado que se dé a esos recursos.

Ya hay un avance importante en las 31 políticas de Estado concertadas en el Acuerdo Nacional, que con el debido afinamiento el actual Congreso debe aprobar, a fin de que tengan carácter vinculante para los futuros gobiernos.

Los empresarios creemos que a estas alturas de la globalización de las economías y de la mundialización de las ideas, debemos hacer un serio esfuerzo para aprovechar al máximo estas ventajas, conservando nuestra propia identidad.

Consideramos, por ello, que ha llegado el momento de superar el cortoplacismo y la demagogia con un plan nacional de largo plazo, que fije las pautas de desarrollo económico y social equitativos, para garantizar la igualdad de oportunidades, el bienestar de la población y la convivencia civilizada.

De no hacerlo, podemos correr el riesgo de perder la bonanza, con la consecuente debacle e incertidumbre que destruyen democracias y dan origen a la aparición de falsos caudillos.