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Mérida y el narcotráfico

Por Eduardo Ulibarri. Periodista

Al firmar el presidente George W. Bush, hace dos semanas, la Ley de Apropiaciones Presupuestarias, que incluye su financiamiento, la Iniciativa de Mérida se convirtió en una realidad tangible.

Con ella, Centroamérica y el Caribe, pero, sobre todo, México, recibirán una nueva inyección de fondos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia y el terrorismo, bajo una premisa central: tales actividades, y sus protagonistas, amenazan la seguridad ciudadana y la democracia.

El supuesto es correcto, pero la iniciativa dista de ser ideal.

Ciertamente, fortalecerá la capacidad nacional y regional para luchar contra esos destructivos flagelos. Pero el éxito final de la tarea dependerá de mucho más: una verdadera y eficaz coordinación entre todos los gobiernos involucrados, y un abordaje más integral frente a la producción, tráfico y consumo de drogas, algo que ha estado ausente, y que el plan no contempla de forma plena.

La de Mérida es una iniciativa por tres años. Surgió de una reunión entre los presidentes Bush y Felipe Calderón, realizada en marzo del pasado año en la ciudad mexicana de ese nombre, y se oficializó mediante un anuncio de ambos gobiernos, el 22 de octubre siguiente. El presupuesto, para toda su ejecución, suma, aproximadamente, US$1.500 millones. Para el primer año de su implementación, el Ejecutivo estadounidense solicitó US$500 millones para México y apenas US$50 millones para Centroamérica, Haití y República Dominicana.

Finalmente, ambas cámaras del Congreso asignaron US$400 millones para los mexicanos y US$65 millones para el resto. De estos, US$40 millones se utilizarán para reprimir el narcotráfico y el crimen organizado, y los restantes US$25 millones, canalizados mediante la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de Estados Unidos, financiarán programas sociales e intercambios educacionales.

La principal disputa entre mexicanos y estadounidenses sobre la aplicación del plan se centró en una serie de condicionamientos que los primeros consideraban violatorios de su soberanía y, por ende, inaceptables.

Finalmente, se logró una fórmula que, aunque sujeta la continuidad del financiamiento a informes sobre avances en institucionalidad y lucha contra la corrupción, México consideró adecuada; incluso, podría dar al presidente Calderón un instrumento adicional en sus difíciles esfuerzos por purificar los corruptos cuerpos de seguridad mexicanos. Además, el abordaje conceptual se basa en que el problema es común y requiere de una solución compartida, algo que suena muy bien 'south of the border' (al sur de la frontera).

La principal preocupación del resto de los países, especialmente los centroamericanos, ha sido que, en la lucha contra el narcotráfico, los éxitos que se obtienen en un lugar irremediablemente implican el traslado de operaciones delictivas a otros. Se trata, por desgracia, de una de las 'industrias' más móviles del mundo.

Por esto, la escasa dotación contemplada inicialmente para Centroamérica y el Caribe resultaba alarmante. Aunque mejoró, el trato todavía es muy desigual para los otros países. Esto los obligará a estar muy alertas y activos para impedir que, conforme haya mayores éxitos en México, no se incrementen los problemas de seguridad en los demás.

Lo anterior tiene que ver con otro tema esencial en la lucha contra las drogas: el imperativo de su integralidad. No solo hay que tomar en cuenta la cadena de producción, distribución y consumo, que termina en EE.UU., su conexión con otras modalidades de crimen organizado, o la necesidad de ir más allá de lo estrictamente policial, para incorporar temas de desarrollo, prevención y tratamiento de los adictos.

También hay que comprender que, si estos últimos aspectos no se convierten en elementos centrales de la estrategia, y si a esta no se incorpora una consideración realista y desprejuiciada sobre los grados de prohibición y su incidencia en el problema global, difícilmente podrán obtenerse éxitos verdaderos y sostenibles.

Si, además de brindar recursos para la lucha, la Iniciativa de Mérida conduce a una cooperación en ámbitos múltiples, dentro de una estrategia integral, sí tendrá verdadero sentido. De lo contrario, apenas atenderá parte de un problema que hasta ahora ha sido insoluble.