Por Jorge Saldaña Ramírez
La puja política sigue rondando en el caso más grave que enfrenta el Congreso de la República: la adulteración de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). En el colmo de la intriga parlamentaria, se ha llegado al extremo de que existen 2 versiones distintas respecto de quién fue el responsable intelectual de ese ilícito.
El último fin de semana, los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso tuvieron en sus manos dos borradores del informe final del proceso de investigación que empezó en marzo para dar con los responsables de la adulteración de la LOPE.
En el primer documento, con fecha 8 de julio, se excluye de responsabilidad penal al ex coordinador de la Presidencia del Consejo de Ministros Jorge Ferradas, por la incorporación ilegal en el texto de la ley de la palabra 'uno' en el artículo 24, con la cual se duplicaban los gabinetes de asesores en cada ministerio.
Sin embargo, dos días después --el jueves 10-- se repartió discretamente en las oficinas de los congresistas otro borrador del informe final en el cual se sindica a Ferradas como el autor intelectual de la burda adulteración a la Ley 29518 y, por ende, responsable del delito de falsedad genérica.
El Comercio obtuvo ayer los dos proyectos del informe final y allí se advierte la contradicción respecto de la participación de Ferradas. Al cierre de esta edición fue imposible comunicarnos telefónicamente con el presidente de ese grupo de trabajo, Alberto Escudero (UPP), para aclarar por qué existen dos borradores del informe (cuya elaboración habría sido responsabilidad del asesor principal de la comisión, Fernando Morón).
REACCIONES POLÍTICAS
Consultado al respecto, el congresista e integrante de la Comisión de Fiscalización Édgard Reymundo (UPP) no dudó en expresar su preocupación por esta contradicción. "Esto pone en entredicho a todo el pleno de la comisión y especialmente al presidente de ella. Le quita seriedad y transparencia a la investigación. Hay mucha presión de una y otra parte. En primer lugar de los implicados". ¿Puede obedecer a presiones político-partidarias?, preguntó El Comercio. "¡Puede ser!", replicó Reymundo.
El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Hildebrando Tapia (UN), expresó a este Diario su alerta por estos cambios realizados a última hora en las conclusiones de un proceso de investigación. "Quizá ha ocurrido por presión de la opinión pública o por criterio de los asesores, que son los que coordinan con el presidente de la comisión. La última vez que vimos este tema (a fines de junio) advertimos que había inconsistencias en el deslinde de las responsabilidades. El informe final debe tener un buen sustento técnico y jurídico. El martes (mañana) volverá a reunirse la Comisión de Fiscalización, ¿pero qué informe vamos a debatir?".
Por su parte, el congresista fujimorista y secretario de la Comisión de Fiscalización, Renzo Reggiardo, dijo a El Comercio que quien debe explicar por qué existen dos borradores del informe final en un tema tan delicado como es el burdo cambio a la LOPE no es otro que el propio presidente del grupo de trabajo.
"Voy a revisar estos informes. Tenía conocimiento de un borrador que excluía a Ferradas, cosa en la que no estoy de acuerdo. Nosotros sí presumimos que Ferradas habría sido el promotor de las cartas (de marzo de este año) para validar el ilegal cambio de la LOPE", dijo.
Comisión de Ética exculpa a legislador aprista CalderónEse fue el resultado de la última sesión de la Comisión de Ética del Congreso, que preside la legisladora Elizabeth León (UPP). El pronunciamiento de este grupo de trabajo se realizó durante la última sesión de la semana anterior, en la cual se rechazó el informe que proponía la suspensión del referido representante por 120 días en el ejercicio del cargo sin pago de sus haberes. Además, planteaba pedir que el pleno del Congreso apruebe una comisión investigadora.
Según fuentes parlamentarias consultadas ayer por El Comercio, la votación para que el informe que culpa a Calderón sea archivado fue respaldada por los legisladores apristas Fabiola Salazar y Mario Alegría y con la adhesión del congresista Carlos Bruce (AP). Los tres legisladores coincidieron en que mal puede proponerse al plenario del Congreso que a su colega Calderón se le imponga 120 días de suspensión sin goce de haber cuando no se ha probado su participación directa en la adulteración de la autógrafa de la LOPE.
Durante el debate la legisladora fujimorista Martha Hildebrandt --quien se sorprendió del voto de Carlos Bruce-- fue la única que votó a favor del informe. La upepista Karina Beteta se abstuvo.
CRONOLOGÍA
Lo que genera una palabra de tres letras
[14/12/2007]
El pleno del Congreso aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). El 20 de diciembre se publica la Ley 29518 con el añadido de la palabra 'uno' en el artículo 24.
[25/3/2008]
La Comisión de Fiscalización inicia investigar la adulteración a la ley. Antes, el 18 de marzo, la Procuraduría del Congreso denunció a los funcionarios José Villena (ex jefe de Relatoría) y Eduardo Mejía (ex director general parlamentario). El Consejo Directivo ratifica a José Abanto como Oficial Mayor.
[18/6/08]
La Comisión de Fiscalización discute la primera propuesta de informe final y replantea sus alcances. El 8 de julio se reparte un nuevo borrador de informe que culpa a Villena y Mejía y exculpa a Ferradas. El 10 de julio se difunde otro, esta vez culpando a los tres.