Sector Agricultura alista norma sobre bioseguridad

El Ministerio de Agricultura estaría por promulgar, antes de fin de mes, el reglamento sectorial de bioseguridad que norma el uso de organismos genéticamente modificados en el campo. Con esta disposición se daría el marco administrativo para la comercialización y cultivo de semillas transgénicas.

El contenido del documento fue elaborado en el Ministerio de Agricultura sin realizar ninguna coordinación con el nuevo Ministerio del Ambiente. El jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Juan Risi, argumentó ayer que la actual normativa entrega la responsabilidad en la elaboración de ese documento a su institución y otras dependencias del sector Agricultura.

Sin embargo, lo concreto es que el Conam, dependencia de la cartera de Ambiente, es el encargado de la coordinación intersectorial del cumplimiento del Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la biotecnología.

Risi insistió en que la actual responsabilidad en la normativa de bioseguridad recae en su despacho, así como en el Viceministerio de Pesquería y en la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), según sea el caso.

Por su parte, la doctora Antonietta Gutiérrez, profesora de Genética de la Universidad La Molina, afirmó que cualquier normativa sobre bioseguridad tendría que ser coordinada con el Ministerio del Ambiente.

Además, consideró que el reglamento próximo a salir debería ser prepublicado, para una mayor transparencia en el manejo de un tema que ha levantado polémica en la población civil.

Unos días antes, en el Parlamento, María Luisa del Río, especialista del Ministerio del Ambiente, señaló que es necesario fijar mecanismos de alerta temprana y riesgos sobre el uso de transgénicos, la evaluación de posibles impactos, la delimitación de zonas protegidas ricas en biodiversidad y el establecimiento de acceso obligatorio de información al consumidor.

En tanto, otras voces, como el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, Jaime Delgado, pidió ayer que exista una moratoria de cinco años antes de que ingresen al Perú las semillas transgénicas, a fin de investigar el tema a profundidad.