Tribunal condena a dos médicos a tres años de prisión por muerte de niño

Por Alfredo Ali Alava. Unidad de Investigación

En un hecho poco usual, una sala superior del Poder Judicial confirmó la sentencia de tres años de pena privativa de la libertad suspendida contra dos médicos del Instituto Nacional del Niño involucrados en la muerte de un menor en el 2002.

Los profesionales deberán, además, pagar una reparación de 10 mil soles cada uno en favor de los deudos del menor Aarón Raúl Zapata Rojas (6), quien murió de una infección generalizada debido a malas prácticas médicas, según la Sexta Sala Penal para Reos Libres.

El tribunal halló responsables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo al médico cardiólogo César Alfredo Salinas Mondragón y al anestesiólogo Jaime William Monroy Carbajal. Fueron absueltos los profesionales de la salud Carlos Ramiro Marino Vigo, María Teresa Velasco Livia, Alfredo Bernardo Hernández Grau, Jorge Luis Varela Gamarra, Álex Moisés Untiveros Tello, Rafael Simeón Márquez Llanos, Jorge Gudiel Hermoza y Carmen Patricia Chuquiure Valenzuela, que también atendieron al menor.

Este caso se inició el 9 de julio del 2002, día en que el pequeño ingresó al otrora Hospital del Niño para que le hicieran un cateterismo cardíaco. Cinco días después, Aarón falleció y se inició el largo proceso entablado por el padre en vista de que él y algunos médicos consideraron que hubo negligencia en los galenos que lo atendieron.

Al cabo de seis años, y tras una serie de marchas y contramarchas judiciales, el caso llegó parcialmente a su fin, aunque el doctor Carlos Rivera, abogado de los deudos, anunció que apelará por la reparación civil y por el hecho de que el tribunal no haya impuesto ninguna inhabilitación a los sentenciados.

"La vida de un niño no vale 7 mil dólares (20 mil soles, aproximadamente); en realidad, la vida de un niño no tiene precio. Pero en todo caso los jueces debieron establecer un monto más racional. Por lo demás, el Código Penal les franqueaba la posibilidad de inhabilitarlos por ser funcionarios públicos y eso no ha sucedido", comentó.