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Las políticas del Gobierno tienen que reaccionar ante el cambio climático

La gradual desaparición de importantes y emblemáticos nevados, el mar movido y el invierno primaveral que estamos viviendo en estos días serían manifestaciones preocupantes de un fenómeno mayor, que los científicos vinculan al calentamiento global.

Están en riesgo no solo el aprovisionamiento de agua, debido a la merma de los glaciares andinos, lo que ya de por sí es gravísimo para la vida humana y la salud y que, adicionalmente, arrastra consigo un mayor déficit de energía hidroeléctrica. También peligra nuestra floreciente agroindustria, así como la variedad y vastedad de nuestra riqueza pesquera, con todo lo que ello implica en la cadena productiva. Y nuestra biodiversidad climática, única en el mundo, también está en peligro, al igual que la industria del turismo en todas sus manifestaciones.

El asunto es cada vez más acuciante y se ha introducido en la agenda política de cuanta cumbre hay (junto con el tema de la pobreza), pues afecta a todo el planeta y demanda acciones urgentes antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la reacción de los países y de los gobiernos es desigual a la hora de elaborar y comprometerse con iniciativas concretas.

En el caso del Perú, la flamante creación del Ministerio del Ambiente, en los días de la Cumbre ALC-UE, es algo positivo. Pero aún estamos a la espera de un plan integral y multidisciplinario que involucre a todas las entidades gubernamentales y que aborde los diferentes flancos del grave problema.

Efectivamente, la mayor emisión de dióxido de carbono que debilita la capa de ozono y produce el llamado efecto invernadero y el incremento de la temperatura global tienen algunos responsables directos que son los países desarrollados, pero sus consecuencias son catastróficas para todos.

No se trata de demonizar el desarrollo industrial, que es un objetivo importante y deseable, sino de armonizarlo con políticas de conservación y sostenibilidad y sin caer en los extremismos del ambientalismo radical y politizado. Por ejemplo, se podría dar más fuerza legal a la exigencia de certificados de impacto ambiental para que las empresas empiecen o continúen sus operaciones.

Todo ello considerando que si bien poseemos ingentes recursos naturales, estos son amenazados por el calentamiento global, con lo que se afecta nuestras expectativas de desarrollo y de mejora de la calidad de vida.

Es hora de actuar. Y si bien hay que empezar por definir y dar mayores facultades al Ministerio del Ambiente, el problema es tan vasto que debe merecer la atención y reflexión de todo el Gobierno, empezando por el presidente Alan García y el Consejo de Ministros. Tiene que convocarse de inmediato a los técnicos, así como al Congreso y a los representantes de los sectores involucrados y de la sociedad civil a un gran debate para ver la mejor manera de encarar el grave problema del calentamiento global.

Hay motivos para preocuparnos, y sería altamente irresponsable que se postergue esta discusión en medio del tráfago de la politiquería mediana de estos tiempos.