El Gobierno llegó a acuerdos con gremio de jubilados

El Gobierno se comprometió ante la Confederación Nacional de Pensionistas y Jubilados del Perú (Conadepen) a allanarse en cerca de 50 mil juicios en los que se reclama un incremento en las pensiones y en los que bastaría con aplicar los criterios ya señalados por el Poder Judicial en sentencias anteriores.

Los representantes de la Conadepen se reunieron ayer, después de las seis de la tarde, con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; con la ministra de Justicia, Rosario Fernández; y con José Luis Chirinos, presidente de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Al término de la cita, Jorge Salazar Ascencio, presidente de Conadepen, expresó su satisfacción con la decisión del Gobierno, porque contribuiría a solucionar las demandas de sus afiliados. Según dijo, la medida no solo beneficiará a unos 50.000 jubilados con causas en el Poder Judicial sino a otros 50.000 que están agotando la vía administrativa en la ONP.

Salazar explicó que la decisión del Ejecutivo se aplica a los jubilados del régimen del Decreto Legislativo N°19990, que se vieron perjudicados cuando el gobierno de Alberto Fujimori modificó, en 1992, la forma en que se calculaba la pensión mínima.

Según Salazar, el Gobierno también anunció que desistía de su intención de transferir a la ONP a los pensionistas del Decreto Legislativo 20530, que a la fecha cobraban con cargo a los sectores del Estado para los que trabajaron. Ni los ministros ni Chirinos quisieron declarar.

DEL CONSULTOR
Burocratismo versus dignidad en la tercera edad*
De los reclamos presentados contra la ONP, el 46% alude a dilaciones excesivas en el trámite de la pensión y el 24% al desconocimiento de los años de aportación. Como atenuantes a estas quejas, la ONP alega la existencia de gran cantidad de solicitudes con documentos falsos o pretendidas suplantaciones de pensionistas.

La ONP ha perdido toda autoridad como administración pública. Por ello, en el imaginario delictivo parecería más fácil "hacerle el avión". No dejan de ser censurables los actos ilícitos, y merecen todo el peso de la persecución penal. Empero, no debe perderse de vista que lo que está en juego es la pensión como unidad de subsistencia de quienes han culminado su vida laboral.

Todo control público sobre las declaraciones de los administrados, cuando de ellas dependa la tutela de los derechos fundamentales, debe ser posterior, aun a costa de asumir los errores. Así lo ha establecido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la pensión.

La ONP obliga a los jubilados a demostrar los años que se han aportado efectivamente. Es decir, se impone la carga a quienes están en peor posición de asumirla. Los potenciales pensionistas nunca han tenido control sobre las planillas ni sobre el pago efectivo por parte de los empleadores de los aportes pensionarios que les fueran retenidos de sus remuneraciones. El IPSS (actual EsSalud) y la ONP, sí.

No hay siquiera la voluntad política de reconstruir los registros, ni elaborar bases de datos confiables, a pesar de haber más de un proyecto en ese sentido. ¿Cuánta gente más debe morir para sensibilizar, al menos por unos minutos, a los funcionarios de la ONP y de sus servicios tercerizados?
* Jean Carlo Serván. Abogado