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El más olvidado de los pactos políticos

Por: Juan Paredes Castro |

En este país de tantos efímeros arreglos bajo la mesa y de casi ninguna concertación madura y duradera, es bueno recordar hoy al más olvidado de los pactos en el histórico ejercicio del poder.

Se trata del pacto del Hecho con el Derecho.

No tenemos que extrañar por eso que el movimiento pendular republicano haya discurrido siempre entre regímenes fuertes anticonstitucionales y regímenes constitucionales débiles.

Es característica de nuestra democracia incipiente el divorcio entre el poder de mando concreto (puro Hecho) y el poder intrínseco de la ley (puro Derecho). De ahí la idea generalizada de que solo los gobiernos autoritarios son capaces de ejercer el principio de autoridad, como si este no fuera atributo legal y constitucional de todo gobierno democrático.

Cuando entre nosotros el incumplimiento de la ley es la regla y no la excepción y cuando los poderes públicos renuncian a sus prerrogativas de defensa de los derechos del ciudadano y del Estado, el cuadro real que asoma a nuestra vista es el de una democracia que no le sirve al ciudadano ni al Estado.

Y peor aun si la criminalidad en la función pública (para ya no llamarla corrupción) extiende sus tentáculos cómodamente.

En este marco de perspectiva del Hecho y del Derecho y de la necesidad de un pacto entre ambos conceptos y prácticas, ¿cuánto pueden hacer los poderes Presidencial, Legislativo y Judicial, como tarea de Estado, por insertar en el funcionamiento del país y sobre todo de las instituciones el sano y decente principio de autoridad, tan constantemente devaluado en los últimos años y agresivamente encimado por la impunidad?

Por citar algunos ejemplos, el Legislativo ya no debería tolerar más inmoralidades e impunidades en su seno. El Hecho y el Derecho valen juntos más que cualquier pacto de esquina. El Consejo Nacional de la Magistratura ya no debería seguir siendo la alfombra para limpiarse los pies de algunos vocales corruptos. El Hecho y el Derecho reclaman del presidente del Poder Judicial, en este caso, no solo el acatamiento de la ley sino el empleo de su autoridad en defensa de principios éticos que no pueden ser atropellados. El Hecho tiene que salir en auxilio de la ética cuando el Derecho no lo hace, y al revés. El presidente de la República, por su parte, encarna al Gobierno unitario y al Estado indivisible. El Hecho y el Derecho le dan poderes sobre las administraciones regionales, que sin duda tiene que saber usar y respecto de los cuales tampoco debe ceder ni abusar.

Claro que el Hecho y el Derecho tienen que saber encarnar autoridad y legalidad pero igualmente sabiduría, equilibrio y tolerancia.