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¿Quién quiere desaparecer a la OCMA?

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) continúa en lo que parece ser una deleznable campaña de revancha y demolición contra la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y su jefa Elcira Vásquez, lo cual tiene terribles consecuencias para la administración de justicia y el Estado de derecho.

¿Cómo es posible que un organismo como el CNM haya primero salvado escandalosamente de la destitución al vocal Ángel Romero, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, y que luego haya admitido a trámite otra denuncia contra Vásquez? Ello por haber sancionado a otra jueza que había actuado irregularmente al ordenar la reincorporación y ascenso de seis oficiales de la Policía Nacional, lo que no estaba dentro de sus atribuciones.

¡De Ripley! Es realmente absurdo y enervante que, por obra de los magistrados del CNM, ahora la doctora Vásquez deba ser investigada e incluso afrontar sanciones por haber mantenido una actitud vigilante contra las irregularidades, desvíos y esquemas mafiosos del Poder Judicial (PJ). ¿O acaso lo que se busca es intimidarla?

Por contraste, el polémico vocal Romero, apoyándose en las controvertidas decisiones del CNM, al que parece controlar abiertamente, ahora ha denunciado también al empresario Víctor Huarancca, otra vez por un millón de dólares, por supuestamente haber alertado a nuestro Diario sobre los presuntos manejos irregulares en los que estaba involucrado. En tanto, cabe preguntarse: ¿Qué están haciendo las entidades que tienen representantes ante el CNM? Sin duda, confabulándose en una campaña indigna que mancha su nombre.

Todo esto, que parece una historia surrealista de un país bananero, está sucediendo en nuestro país, a despecho de los anuncios de las máximas autoridades del PJ. ¿De qué reforma estamos hablando cuando una sola persona hace y deshace con los organismos judiciales? ¿No se dan cuenta acaso del gravísimo daño que se hace a la lucha contra la corrupción judicial al amedrentar a la OCMA, que viene actuando valientemente? ¿Qué mensaje se está dando a los jueces probos? ¿Y qué sentirán aquellos que siguen actuando venalmente y coimeando?

Esta situación no puede continuar. El presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, no puede permitir este vil avasallamiento del organismo de control interno del PJ. Y tampoco los colegios profesionales, representados en el CNM, pueden quedarse de brazos cruzados ante lo que puede ser el mayor obús contra el saneamiento de la judicatura y la seguridad jurídica nacional. A todos ellos hay que recordarles que el PJ no pertenece a los jueces, y menos a los venales, sino que se debe a todos los ciudadanos.