Por Miguel Vivanco. Corresponsal
WASHINGTON. Una vez más la Iglesia Católica exhortó a los políticos para que, en el corto plazo, se promulgue una ley de reforma migratoria basada en la justicia, la fe y la solidaridad. El pedido fue formulado esta semana en Washington durante la Conferencia Nacional sobre Migración 2008, auspiciada por la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB).
Roger M. Mahony, cardenal de Los Ángeles, y Theodore E. McCarrick, arzobispo emérito de Washington, calificaron como crisis terrible los momentos que hoy viven unos doce millones de indocumentados en el país.
También señalaron que la historia moderna de la nación vive un momento oscuro por la negativa de los legisladores a aprobar leyes que contribuyan a solucionar la situación de millones de hombres y mujeres que viven el drama de no tener una tarjeta de residencia.
Ambos pidieron a los participantes cumplir acciones a favor de un movimiento que ayude a los trabajadores indocumentados, sin olvidar que el trabajo honrado es una herramienta eficaz que dignifica.
La conferencia de este año tuvo como lema "Renovando la fe, buscando la justicia" y contó con la asistencia de 850 personas.
La agenda incluyó una revisión detallada de la problemática que enfrentan los inmigrantes indocumentados, así como talleres de trabajo para saber cómo responder a las redadas federales e identificar y apoyar a los sobrevivientes de eventos traumáticos.
Asimismo, se recordó la posición de la USCCB sobre el contrabando humano y los desafíos cristianos desde una perspectiva inmigrante. Pero eso no fue todo. También se trataron asuntos legales.
VISIÓN LAICA
Según Marcelo Suárez-Orozco, fundador de los proyectos de investigación sobre los estudios inmigratorios de la Universidad de Harvard y director del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Nueva York, en América Latina más de un millón de personas emigran anualmente.
Indicó que dos tercios de los migrantes que llegaron recientemente a EE.UU. lo hicieron para reunirse con sus familias. Recordó que la inmigración siempre genera reacciones encontradas que van desde la solidaridad hasta la xenofobia.
CRUDA REALIDAD
Mientras obispos, sacerdotes y líderes católicos revisaban sus estrategias para ayudar a los indocumentados, los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) seguían con sus operaciones para arrestar y deportar a los indocumentados. Esta semana se reveló un estudio que indica que el número de indocumentados en EE.UU. descendió 11% en los últimos meses, debido principalmente al fortalecimiento de las medidas antiinmigratorias.
En cifras absolutas, habría caído en 1,3 millones de personas, desde 12,56 millones el pasado verano hasta los 11,2 millones en mayo.
La cifra de descenso es siete veces superior a la de las deportaciones ocurridas en los últimos diez meses, lo cual indica que la mayor parte de quienes no tienen papeles abandonó el país voluntariamente.
Las autoridades federales anunciaron el lanzamiento de un plan piloto para incentivar la autodeportación de los inmigrantes que no cuentan con su documentación en regla. La directora de la ICE, Julie Myers, reveló algunos detalles de la denominada operación Salida Programada, que busca reducir la población indocumentada en EE.UU. "El programa permite a aquellos que se quieran autodeportar hacerlo de una manera organizada y con tiempo suficiente para hacer los debidos arreglos familiares o legales en caso de que dejen familia en el país", señaló Myers.
Agregó que el plan permitirá que los indocumentados se inscriban voluntariamente a la deportación sin afrontar cargos criminales ni riesgo de encarcelamiento. Los inmigrantes con problemas criminales o que se encuentren como fugitivos de la justicia no podrán beneficiarse del programa.
El programa piloto se implementará en Phoenix (Arizona), Santa Ana y San Diego (California), Chicago (Illinois) y Charlotte (Carolina del Norte) del 5 al 22 de agosto. De tener éxito se extendería a otras ciudades.
Los indocumentados podrán acudir a cualquier local de la ICE con sus pasaportes y demás documentos de identidad para concertar un período de gracia de varias semanas mientras preparan el retorno a sus países de origen. La oficina que dirige Myers se encuentra bajo la lupa del Congreso debido a informes sobre abusos y negligencia contra los extranjeros en sus centros de detención.
Pero el anuncio de la operación Salida Programada fue criticado de inmediato por las principales organizaciones que luchan en favor de los derechos del inmigrante. El Foro Nacional de Inmigración señaló que el plan está destinado al fracaso porque no ofrece incentivo alguno a la población indocumentada.
El Centro para Refugiados Centroamericanos señaló que la propuesta federal, lejos de solucionar el problema, terminará agravando la situación de miles de familias que viven irregularmente en EE.UU.
Una historia entre tantasEl proceso de deportación de Martínez a Honduras no fue rápido. Estuvo cuatro meses detenida en tres cárceles de Virginia, y recién en febrero del 2008 fue deportada sin poder llevarse consigo al pequeño Mike. La madre no tenía dinero para pagar el boleto de su hijo.
Nueve meses después, luego de superar obstáculos legales y consulares, Mike Anthony y Bessi se reencontraron el 23 de julio en Honduras.
Lo irónico del caso es que minutos antes de su partida, una agente de la ICE llegó hasta el aeropuerto internacional Dulles para explicarle al niño que la separación de nueve meses se debió a que su madre ignoró una orden de deportación que pesaba sobre ella desde hacía siete años. La indiferencia del pequeño frustró toda posibilidad de charla.