Por Moisés Ávila Roldán. Enviado especial
LA PAZ. Más de tres millones de bolivianos están habilitados para participar hoy en un proceso sin precedentes en la historia republicana de ese país. Se trata de un referéndum revocatorio de autoridades, en el que los cargos de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales serán sometidos al escrutinio público.
De acuerdo con los recientes sondeos, el presidente Morales no tendría por qué estar preocupado. Para que tenga que dejar el cargo, más del 53,74% de la población debería votar en su contra, hecho que parece lejano en los últimos sondeos, que le entregan el 54% de aprobación.
Sin embargo, recientes incidentes podrían hacer mella en esa brecha favorable al presidente. Morales ha debido hacer frente a reclamos sociales en todos los departamentos. Protestas mineras y enfrentamientos con la policía han dejado dos muertos e incluso vio frustrada su intención de dirigirse a la nación el 6 de agosto desde Sucre, durante el aniversario de la independencia, porque los pobladores no le iban a permitir el ingreso. Debió hacerlo desde uno de sus pocos bastiones, La Paz, que para su suerte alberga a casi el 30% de los electores del país.
De manera paralela a su campaña por el referéndum, el bloque opositor --formado por seis de los nueve departamentos del país, a los que se les conoce como la media luna-- ha iniciado una huelga de hambre en demanda de la restitución del impuesto directo a los hidrocarburos, que el Gobierno les retiró so pretexto de invertirlo en pensiones públicas.
Con este marco, y en medio de un tira y afloja entre un gobierno que intenta instaurar un modelo estatista y a su juicio reivindicatorio de la población indígena, y los dos tercios de la población que demandan autonomía administrativa y económica, hoy Bolivia vuelve a las urnas.