Por: Juan Paredes Castro |
¿Cualquier funcionario, elegido, nombrado o contratado, puede hacer lo que le dé la gana en la administración estatal peruana?
A la luz de lo que vemos objetivamente reflejado en los medios de comunicación, nos atreveríamos a decir que sí.
Una congresista le exige a una empleada suya dividir su sueldo con ella; un vocal sancionado por un fallo escandaloso es repuesto en su cargo por el más alto órgano evaluador de la magistratura nacional; el más importante funcionario de la Federación Peruana de Fútbol desafía impunemente la ley peruana sobre la ley internacional; el más exitoso operador de campaña electoral del partido de gobierno es puesto al frente de la institución de apoyo social obligada a rendir técnicamente los más altos resultados de reducción de la pobreza; el principal relacionista público del fujimorismo manejará en adelante la comisión de pro inversión del Congreso; y el representante del partido más dividido y más clientelista de este poder del Estado encabezará la comisión legislativa de fiscalización.
Y ni hablar de centenares de empresarios de buses de pasajeros y camiones de carga que forman parte, en alianza con la burocracia intermedia de Transportes y Comunicaciones, de la entraña corruptora y corrupta que facilita permisos, licencias y vista gorda por doquier a quienes finalmente no se hacen responsables ante la justicia del más elevado índice de criminalidad que se ha producido en los últimos tiempos en las carreteras.
En fin, este es apenas un cuadro aproximado del arca abierta en la función pública que permite la entrada en ella no solo de más de un gato despensero sino de poderosas redes de manipulación política y de corrupción, muchas de ellas solapadas y otras tantas abiertamente dolosas.
Mejor sería llamarla arca de la alianza con la coima, el robo, la estafa y el tráfico de influencias. Nada parecido, ni siquiera en espíritu, al Arca de la Alianza que guardaba las Tablas de la Ley de Dios, el maná y la vara de Aarón, el hermano de Moisés.
La función pública, esa que el presidente Alan García y su primer ministro Jorge del Castillo quieren reformar y modernizar, tiene, pues, que contener un arca de la alianza capaz de guardar las tablas de la ley del Estado al servicio del ciudadano, que son precisamente las tablas de la honestidad, la eficiencia y competitividad.
Mientras no se tenga una bien afinada arca de la alianza ajustada a las necesidades de nuestra democracia y en nombre del crecimiento de la economía y de la reforma del alma, esta seguirá estando, por mucho tiempo, abierta al dolo y a la impunidad en un Estado del que el Gobierno no desea ocuparse como tal.