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No se debe politizar apoyo social ni reforma del Estado

¿Otra vez la escopeta de dos cañones del Apra? Mientras por un lado el presidente Alan García y el jefe del Gabinete Jorge del Castillo explican al país la conveniencia de relanzar la reforma del Estado, sobre todo en lo que concierne a la captación de cuadros altamente calificados para las gerencias, del otro lado se procede intempestivamente a nombrar al cuestionado militante Carlos Arana Vivar como nuevo director ejecutivo del Foncodes (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social).

A estas alturas, luego de cumplir dos años de gestión y cuando el gobierno aprista presenta notables logros en crecimiento macroeconómico y mayor confianza del entorno nacional e internacional, esta es una contramarcha que no se puede explicar ni justificar bajo ninguna circunstancia.

El Gobierno tiene que sopesar seriamente las consecuencias de su accionar, antes de ceder a las presiones clientelistas del ala dura del partido que presiona por copar el aparato estatal, bajo el equivocado argumento de que el Estado está para pagar favores políticos de la campaña o para colocar a sus operadores en puestos importantes.

Nada más equivocado y nefasto. En primer lugar, el objetivo de la inclusión y la lucha contra la pobreza exige un plan eminentemente técnico, fuera de cualquier contaminación politiquera. Hay que recordar aquí que en sus inicios Foncodes tuvo un desempeño exitoso, sobre todo bajo la gestión de Alejandro Afuso y que fue la injerencia politiquera del régimen fujimontesinista la que marcó su debacle cuando pretendió utilizar este programa para fines proselitistas en la campaña re-reeleccionista. Sería una burla al Estado y un insulto a los pobres que se pretenda usar otra vez este programa para objetivos de campaña en lo que resta del gobierno.

Al respecto, el currículum del señor Arana no es el más adecuado para dirigir una entidad de apoyo social. Y no solo porque no tiene experiencia técnica en gestión social o por su vinculación al prontuariado aprista Agustín Mantilla. También porque fue desembarcado de puestos claves en el viceministerio de Vivienda y en el programa Agua para Todos, por tener antecedentes de contratación ilegal con el Estado al haber presentado documentación falsa y aprobar contratos con familiares directos.

Finalmente, con este nombramiento se da erróneas señales sobre la voluntad gubernamental de retomar la reforma del Estado, que demanda profesionales altamente competitivos, que deben ser convocados a través de concursos públicos que evalúen sus méritos y su trayectoria técnica y moral. Actuar de otra manera sería desvirtuar la promesa presidencial de poner el Estado al servicio del ciudadano --y no al revés-- y dar mensajes errados e inciertos a la nación, a los inversionistas y al mercado.

Por las contundentes razones mencionadas, un operador político y organizador de mítines proselitistas apristas como Arana no puede ejercer la jefatura de una entidad fundamental para mejorar la calidad de vida de los peruanos de menores recursos, sobre todo en las zonas rurales. A estos, que exigen y necesitan apoyo social efectivo y desinteresado del Estado, no puede exponérseles a una gestión que nacería con la sospecha de condicionar esta ayuda al soporte de una plataforma político-partidaria. El chantaje a los pobres es un exceso perverso del pasado que un Estado democrático no puede permitir que asome otra vez.

Reiteramos el llamado al Gobierno para no echar a perder lo mucho que se ha ganado en dos años. Los gestos y las señales cuentan mucho en política, en que no basta ser sino también hay que parecer. Hay, pues, lugar para la rectificación.