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Es el turno del consumidor

Por Santiago Roca T. Economista

Hace pocos días, dentro del paquete de medidas para la implementación del TLC, el Gobierno aprobó la nueva Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, Decreto Legislativo 1034, que sustituye los D.L. 701 y D.L. 807 de defensa de la libre competencia.

Paradójicamente, en vez de reforzar la institución de la libre competencia y prohibir y sancionar el abuso de la posición de dominio que señala el artículo 61 de la Constitución de la República y los D.L. 701 y 807 hasta entonces vigentes, el nuevo Decreto Legislativo 1034 elimina la posibilidad de que la autoridad nacional de competencia vea casos de abuso de posición de dominio referidos a "precios abusivos". ¿Se han dado cuenta, en realidad, los gobernantes que al suprimir la actuación del Estado en este problema se está fomentando de manera indirecta que los agentes del mercado tomen la justicia por sus propias manos?

El tema de los precios abusivos es clásico en la literatura económica y en la práctica del funcionamiento de los mercados. Hace cerca de tres siglos, por ejemplo, los pobladores de Connecticut y otros estados de EE.UU. se sublevaron contra sus autoridades por la inacción de estas frente a las abusivas tasas de interés que cobraban algunos intermediarios financieros. Ello llevó a la dación de las llamadas leyes "contra la usura" (muchos estados las mantienen hasta el día de hoy), que limitaron los precios máximos de la intermediación financiera. Otros países, la mayoría de ellos europeos, en vez de decretar leyes específicas ad hoc, han preferido instituir leyes de competencia que prohíben y sancionan en forma transversal (todos los sectores) el abuso de posición de dominio en la forma de precios abusivos. De esta manera, el Estado actúa en su papel de defender y promover la competencia sin explotar indebidamente a los consumidores, protegiendo uno de sus derechos fundamentales.

En el Perú, los 'lobbies' de intereses de los grupos de poder que redactan las leyes se colocan encima de la realidad sin que aparentemente el Gobierno se dé cuenta de ello. Indecopi ha declarado ya que no está facultado para admitir ni recibir denuncias contra precios abusivos. No hay, en realidad, instrumentos para hacer preservar el buen funcionamiento y evitar la existencia de precios abusivos en los mercados. ¿Pero qué dicen, dándose cuenta o no, las diversas personalidades y agentes del mercado?

Lourdes Alcorta, del Partido Popular Cristiano, tratando el tema de los precios de los pasajes interprovinciales en Fiestas Patrias, ha salido a presentar una propuesta para limitar estos precios abusivos. Cuatro años atrás, Javier Diez Canseco y la Confederación Unitaria de Trabajadores ( CUT) demandaron a las AFP por precios abusivos y obligaron al Indecopi a hacer una serie de recomendaciones que luego motivaron el accionar de la SBS y del Congreso, permitiendo luego la entrada de AFP Prima y la disminución sustantiva de los precios (comisiones que cobraban las AFP). Hace pocos días, las cámaras de televisión mostraban decenas de pasajeros destrozando las lunas del terminal terrestre de Huancayo, en protesta por los precios abusivos que las empresas de transporte cobraban en ese momento.

¿No sería mejor restituir y fortalecer una institucionalidad y normativa que promuevan la competencia y proteja a los consumidores de conductas abusivas en el mercado?