Conflictos por la propiedad desplazan al tema ambiental

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OMC) indicó que los problemas por la contaminación del medio ambiente han pasado a segundo plano frente a la preocupación de las comunidades por el destino de sus propiedades.

El OCM sostiene que la causa de esta creciente problemática se encuentra en los decretos legislativos que el Gobierno recientemente aprobó como parte de las políticas de implementación del TLC con Estados Unidos.

UN FUTURO INCIERTO
Dentro de este paquete de normas, los miembros del observatorio resaltaron el DL 1015, que modifica el artículo 7 de la Ley 24656, en el que se indica que para poder disponer de sus tierras los campesinos, previamente, deben informar a su asamblea comunal y obtener la aprobación de la mitad de los asistentes para poner en marcha su proyecto.

Para José de Echave, responsable del programa de Minería y Comunidades de la organización Cooperacción --que participa en este observatorio--, las normas probadas por el Gobierno están afectando los derechos de las comunidades. Mencionó como ejemplo el DL 1064, que regula el cambio de uso de la tierra forestal y las facultades de Cofopri. Esta norma, indica el representante, estaría dejando desprotegidas a las comunidades campesinas ante la presencia de empresas mineras dentro de sus tierras.

EN PUNTOS
4Según De Echave, al no permitirles decidir sobre sus propiedades, ahora los campesinos tendrían menos mecanismos para defender sus derechos.
4El informe del OCM indicó que en el 2007 se realizaron 29 huelgas, mientras que en los primeros seis meses de este año ya se han producido 26 paralizaciones y huelgas en el sector minero.
4También se mencionó que el 40% del territorio de Apurímac se encuentra concesionado.