Fujimoristas pasarían a manejar Acusaciones Constitucionales

La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ha sido manejada durante estos dos últimos años por la bancada de Unión por el Perú (UPP), pasaría a manos del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF).

El vocero humalista, Fredy Otárola, dijo que el traspaso de esta subcomisión es una de las condiciones que puso el fujimorismo al Apra para apoyarlos en la elección de la presidencia del Congreso.

Tal decisión estaría, además, vinculada con el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso. La bancada de Unidad Nacional (UN), que controla tres comisiones ordinarias, tiene ahora 13 integrantes, igual que el GPF. Sin embargo, los fujimoristas tienen la presidencia de solo dos comisiones ordinarias. Para compensar, han recibido la Comisión Especial Pro Inversión y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Los upepistas habrían estado de acuerdo con ceder esta subcomisión con tal de mantener al menos dos de las cuatro comisiones ordinarias que antes controlaban: Fiscalización y de la Mujer.

En tanto, el vocero de UN, Luis Galarreta, manifestó que su bancada tampoco tentará la presidencia de Acusaciones Constitucionales, pues ha logrado mantener el control de las tres comisiones ordinarias que poseía.

Según fuentes parlamentarias, la congresista que presidiría esta subcomisión sería Martha Moyano (GPF), pues Santiago Fujimori (el otro miembro fujimorista de este grupo) presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los colaboradores de Moyano rechazan esta versión y afirman que corresponde al presidente del Congreso decidir quién presidirá esta subcomisión clave.

¿Y por qué es clave? Porque ahí se tramitan las denuncias contra los funcionarios de rango constitucional: presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años culminadas estas.

EL DATO 
Supremos importantes
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín, y el fiscal José Antonio Peláez, quienes ven el Caso Fujimori, son vocal y fiscal supremo, respectivamente.