Magistrados tendrán manual para mejorar redacción de sentencias

Por Elizabeth Salazar Vega

El enrevesado lenguaje que usan los jueces y fiscales en sus escritos no solo incomoda al ciudadano, sino también a los magistrados que han comprendido la inutilidad de redactar sentencias que pocos comprenden y ahora buscan convencer a sus reticentes colegas de la necesidad de hacer cambios.

Desde hace dos años la Academia de la Magistratura (AMAG) intenta mejorar la comunicación entre magistrados y ciudadanos con cursos de redacción jurídica que han sido incluidos en el Programa de Formación de Aspirantes (Profa), destinado a los abogados que quieren especializarse como jueces o fiscales, y el Programa de Capacitación, para los letrados que desean ocupar un cargo superior.

"Fuimos formados creyendo que los tecnicismos y párrafos densos son parte de la identidad de un magistrado, y no debe ser así. El litigante es el principal afectado: cree que porque se le cita a declarar hay riesgo de que sea detenido, por eso no se aparece en las diligencias y traba el proceso. En buena hora El Comercio ha iniciado esta campaña", dijo el presidente de la AMAG y fiscal supremo, Pablo Sánchez.

Pese al esfuerzo de la AMAG, no todos los letrados en ejercicio acceden a estos cursos, y aquellos que lo han hecho suelen olvidar lo aprendido debido a la presión del trabajo diario. Por ello, docentes del Profa han elaborado un manual que identifica los principales problemas que se presentan al redactar un expediente y plantea soluciones prácticas a los mismos. Según Sánchez, son 5 mil los ejemplares que se distribuirán en setiembre a jueces y fiscales de Lima y provincias.

Buena parte del manual es resultado del estudio hecho el 2007 por iniciativa de la AMAG, que encargó al Proyecto Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia la contratación de una consultora que tuvo acceso a varias resoluciones judiciales para realizar el diagnóstico. En el documento se concluye que "en las resoluciones se usa un lenguaje arcaico (autos y vistos), se plantea el tema central de modo desordenado y se recurre innecesariamente a palabras técnicas".

Según Ricardo León, máster en Teoría Legal y colaborador del Profa , los problemas que detectó la consultora se resumieron en seis: falta de orden, claridad, fortaleza de argumentación, suficiencia, coherencia y diagramación adecuada de los textos. De un rango del 1 al 24, cerca del 50% de los casos revisados presentó una puntuación de 12 a 14 puntos; y de los seis indicadores propuestos solo en los referidos a coherencia y argumentación hubo pocos errores.

Estos resultados permitieron que en abril la AMAG enviara a todas las facultades de Derecho el Informe de Recomendaciones Técnicas, en el cual pide incluir el dictado de cursos que acerquen al futuro abogado a su profesión. "Los magistrados adaptamos un estilo de redacción sobre la marcha, a veces guiándonos de otras sentencias porque en la universidad no explican nada de esto", indicó Sánchez.

Los decanos de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Walter Albán y José Ñique, respectivamente, dijeron estar ya evaluando la inclusión de cursos de redacción jurídica. "Estamos dispuestos a cambiar este lenguaje, pues contribuye a asentar una cultura del secreto que avala la corrupción y genera desconfianza en la justicia", expresó Albán .

PARA TENER EN CUENTA
Los aspectos que deben cambiar
A. Según el diagnóstico de la Academia de la Magistratura, el error común en las resoluciones es la falta de orden: se confunden o desvían los problemas centrales y la argumentación. Se evidenció poca fortaleza en la argumentación al hallar razones confusas para fundamentar una sentencia.

B. La debilidad más notoria fue la redacción de textos abigarrados, en formato de párrafo único, sin el debido empleo de signos de puntuación y espacios interlineales.

C. La propuesta es desarrollar un argumento por párrafo, los cuales deben ir numerados y ser breves.

PUNTO DE VISTA
Más allá del lenguaje erudito*
La claridad en el uso del lenguaje legal es esencial para quienes reciben decisiones judiciales porque sus vidas son afectadas por ellas. Pero, muchos jueces han creído que el lenguaje que emplean es erudito y prestigioso. Creen que usar expresiones en latín los hace herederos de la tradición jurídica de la Roma antigua. Esta forma de expresarse ha causado que ciudadanos, y todos los afectados por sus decisiones, no las entiendan. Y esta incomprensión daña una función básica de la judicatura: tutelar a quien ha sufrido una injusticia.

No puede repararse una injusticia si la decisión que contiene el mensaje justiciero no se entiende. El nuevo paradigma en la sociedad de la información se refleja en la presencia de actividades humanas en Internet, para ello la comunicación de las instituciones debe ser más transparente y amigable. Las instituciones peruanas lentamente lo están comprendiendo, intuyen que deben estar presentes en Internet, pero muchas veces fallan al publicar documentos con un lenguaje cargado de tecnicismos.

Las cosas pueden cambiar. Algunos jueces jóvenes quieren ser más efectivos en su papel. Saben que la comunicación eficiente de sus decisiones es clave para lograr una tutela judicial que funcione. Saben que la mejora de su práctica servirá también para hacer una mejor comunicación con los peruanos.
* Ricardo León Pastor. Abogado