Por: Juan Paredes Castro |
El Perú ha logrado por fin sacarse de encima el desafiante veto boliviano y con ello liberarse de las restricciones que le imponía la Comunidad Andina para la implementación del TLC con Estados Unidos.
Toda una buena noticia que apenas aparece como el contorno brillante de una semana oscurecida por incompetencias e impunidades que ya tendríamos que haber dejado atrás.
Pero si esta liberación de la CAN equivale a un nuevo esforzado paso adelante en el baile del despegue económico peruano, es evidente que no hay forma de llevarlo correctamente, en el compás y en la desenvoltura deseados, mientras el otro paso, el del funcionamiento institucional interno, siga siendo débil, rengo y por momentos gravemente atrofiado.
Mucho más grave que cualquier batalla burocrática en la Comunidad Andina es aquella otra que el propio gobierno y el sector privado libran a diario en los recovecos anacrónicos y corruptos de la administración pública, eso que los señores ministros y ministras no alcanzan a mirar, porque no pueden o no quieren, y donde directores generales y jefecitos improvisados de campaña electoral han convertido el poder real y efectivo del Estado en un feudo de aprovechamiento político y de tráfico de influencias. Mención aparte merece, por supuesto, el despliegue de la ineficiencia y la impunidad, de las que se alimentan y retroalimentan, entre otras cosas, la informalidad del transporte público y el mercado arbitrario y delincuencial de los recursos, nombramientos y renombramientos judiciales.
El mismo quiebre con que la ministra Mercedes Aráoz ha sometido a Evo Morales en el baile por el TLC, tendría que practicarlo el presidente Alan García con la burocracia estatal, comenzando por convertir a cada viceministro, no en el 'chi cheñó' palaciego de cada día, sino en el principal responsable de resultados por objetivos y metas de su sector, simplificando reuniones, trámites y resoluciones.
No habrá baile de salón posible en el APEC con el paso casi hemipléjico del funcionamiento institucional. Con un Poder Judicial cada vez más limitado en su autoridad. Con un Tribunal Constitucional gradualmente más parecido a una sala más de la Corte Suprema. Con un Congreso en el que nadie se esfuerza por diferenciarse porque se prefiere pertenecer al montón desacreditado. Con un sistema anticorrupción delante del cual se pasean las mafias de ayer y de hoy. Con una política social desenfocada de la demanda real. Y con una contraloría que representa el manotazo de ahogado de una administración estatal que bordea el límite del control.
Finalmente el baile puede darse de bruces en la medida que la democracia se desmorone y los bríos autoritarios y populistas la levanten en peso.