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ENTREVISTA. CATALINA BOTERO

Preocupa el avance de la criminalidad

La futura relatora para la libertad de expresión de la CIDH considera que este derecho también se centra en tener un mercado informativo más plural y que incluya discursos alternativos. Otra forma de autocensura es el amedrentamiento de presidentes muy carismáticos que públicamente estigmatizan a los medios críticos

Por Gisella López Lenci

Desde octubre, la jueza colombiana Catalina Botero será la nueva relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oficina adscrita a la OEA. Emocionada por su nuevo cargo, Botero conversó con El Comercio y señaló que los problemas más serios se centran en la censura y amedrentamiento a los periodistas por parte del Estado y las grandes mafias dedicadas al tráfico de drogas. Botero, quien es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, considera que la libertad de expresión también se centra en tener un mercado informativo más plural que incluya discursos alternativos.

¿Cuáles son los temas que están pendientes en materia de libertad de expresión en América Latina y que son urgentes de solucionar?
Yo creo que hay dos tipos de temas: la agenda clásica, que tiene que ver con los riesgos de censura; y la agenda novedosa, que tiene que ver con un mercado más plural y más incluyente.

¿Cuáles son esos temas clásicos?
Incluyen los asesinatos o la intimidación a periodistas, seguidos de procesos de impunidad. Se da, sobre todo, en países donde hay narcotráfico y bandas criminales transnacionales. Está el tema de la censura, que ya no se da en la figura de un censor administrativo, pero que todavía existe de parte de los jueces en algunos países. El uso arbitrario discrecional de la propaganda oficial o la asignación de frecuencias de radio y televisión, como un premio a los condescendientes y un castigo a los críticos, es también una forma de censura. Y luego la criminalización de la expresión, los delitos de calumnia e injuria, sobre todo contra funcionarios, y las leyes de desacato, son gravísimas e inexplicables en un sistema democrático. La otra agenda, que es la más novedosa, tiene que ver con el derecho de saber, de tener un mercado mucho más abierto, plural y transparente. Me refiero al derecho de acceso a la información que, creo, hay que seguir impulsando.

¿Considera utópico hablar de la posibilidad de una plena libertad de expresión?
Está lejísimos de ser una realidad, pero el hecho de que sea una utopía no significa que no la podamos perseguir. Cuando es una utopía, es porque es un sueño deseable y tenemos que caminar detrás de él. Pero lo que tenemos que hacer es adoptar medidas para que otras visiones del mundo se puedan manifestar. Hay que pelearlo.

Pero es pelear contra un monstruo, porque quien tiene la información tiene el poder...
Claro, y hay distintas agendas en la gente que defiende la libertad de expresión. Pero ahí está el reto, y no va a ser fácil, pero tampoco imposible.

¿Hablando de casos concretos, en qué país de la OEA la libertad de expresión se encuentra más mellada?
Yo prefiero hablarte de riesgos y no de países, porque como soy jueza constitucional en Colombia tengo prohibido pronunciarme sobre mi gobierno y gobiernos extranjeros. Creo que hay países que tienen un riesgo inminente de criminalidad organizada que amenaza, sobre todo, a la libertad de prensa.

En cuanto a riesgo periodístico, uno de los países más peligrosos es México, además de Colombia...
México, Colombia, las maras (pandillas) en Centroamérica, las bandas en las favelas de Brasil... Son fenómenos, en su mayoría asociados al tráfico de drogas y representan riesgos porque tienen una enorme capacidad de intimidación y de cooptación o toma de las instituciones más débiles por parte de mafias poderosas, sobre todo hacia quienes tienen la misión de vigilar el cumplimiento de la ley. Si el Estado no está muy atento, entonces omite el cumplimiento de sus funciones y una de las violaciones que comete es la violación de la libertad de expresión. Detrás de cada homicidio, amedrentamiento o asesinato de un periodista tiene que estar la mejor unidad de investigación del Estado, porque es la única forma de que las personas que hacen eso para amedrentar sepan que ello tiene una consecuencia, y no me da la impresión de que eso esté pasando muy a menudo.

Eso depende de si el Estado tampoco está inmerso en sistemas de corrupción elevados...
Claro, y ahí es cuando la relatoría tiene que poner presente el tema.

Detrás de la censura está la autocensura, cuando los periodistas prefieren no tocar ciertos temas porque son amedrentados, ya sea por bandas criminales o por el propio Estado o por los intereses de los propios medios...
Hay tres fenómenos que generan autocensura: las bandas criminales, y en este punto creo que los periodistas tienen derecho a tener miedo y no les podemos exigir que sean heroicos, sino exigirle al Estado que los proteja. El segundo riesgo es la pauta de las frecuencias radioeléctricas, cuando el Estado te puede quitar la frecuencia en cualquier momento o no hay ninguna regla para la asignación de propaganda oficial. Eso genera una enorme autocensura porque tú no vas a hacer una investigación de corrupción contra quien te va a dar la pauta oficial.

De alguna manera eso pasó con RCTV en Venezuela...
Yo prefiero no pronunciarme sobre eso. Pero el problema en América Latina es que no hay reglas claras, entonces algunos estados sostienen, con razón, que cuando se termina una concesión ellos pueden no renovarla. El gran error es que existe esa discrecionalidad. Un Estado que tenga un talante democrático genuino impulsa leyes para autorregularse. La tercera forma de autocensura, que está detectada y que hay que denunciarla, es el amedrentamiento de presidentes muy poderosos y muy carismáticos que públicamente estigmatizan a los medios críticos. Cuando hay un fenómeno de opinión muy fuerte, eso tiene un impacto inmediato en la publicidad privada y en el ráting. Ahí los gobiernos tienen que saber que ellos no son titulares de la libertad de expresión y su obligación como gobierno es que los discursos alternativos permanezcan.

Pasando a otro tema, generalmente se ve a los organismos internacionales, sobre todo a la OEA, como una gran burocracia internacional donde se tocan grandes temas, pero que en sustancia no llegan a solucionar mucho. La OEA en estos años también se ha visto desgastada...
La existencia de mecanismos internacionales es esencial. Ha sido el salvavidas en muchos estados de América Latina, aunque también estoy de acuerdo que en otros ha sido insuficiente. A veces es lento, pero cuando llega es muy importante. En materia de justicia de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, la que puso los puntos sobre las íes de que no puede haber amnistías generales y generosas en el continente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y les ordenó a una serie de estados, entre otros el Perú, a anular las leyes de amnistía, y eso no es poco. Lo que suelen hacer los gobiernos autoritarios es generar un clima en el cual cualquiera que se opone es un enemigo del Estado, es un enemigo de la patria.

LA FICHA
Nombre: Catalina Botero.
Profesión: Abogada.
Cargo: Relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Experiencia: Directora nacional de la Dirección de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de Colombia.

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