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Lo último que no pueden hacer los partidos

Por: Juan Paredes Castro |

El Estado es estafado de muchas maneras. Pero la peor estafa que se comete contra él es, sin duda, la que proviene de quienes reciben un mandato popular en elecciones democráticas.

Por supuesto que hablamos aquí de la estafa como el acto de apropiarse del bien ajeno (las partidas del presupuesto nacional, por ejemplo) mediante el engaño y el artificio, lo que constituye no solo un delito en sí mismo, sino también una traición a la voluntad y la confianza ciudadanas.

La sucesión de este delito y de esta traición en el Congreso tiene que hacer pensar a sus miembros que están asistiendo --y es bueno que lo sepan-- a un horroroso y multiplicado patrón de conducta, reñido con la ley, que no solo enfrenta la indolencia de quienes deberían castigarlo severamente (en este caso los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) sino la defensa de algunos partidos que insólitamente se sienten solidarios con la suerte de sus militantes corruptos.

La sesión de ayer de dicha subcomisión ha demostrado precisamente la escasa voluntad de los partidos políticos representados en el Congreso para sacarse de encima a dos parlamentarios probadamente corruptos.

¿Por qué buscarle tantos rodeos legalistas a la actuación del procurador del Congreso, que es quien debe dar trámite rápido a las acusaciones constitucionales contra Margarita Sucari, por flagrante presión a su empleada administrativa para obligarla a compartir su salario con ella, y contra José Anaya, por prácticamente robar a su institución con la presentación de boletas adulteradas?

Evidentemente detrás de esta camuflada obstrucción de justicia parlamentaria están algunos partidos, entre ellos el humalista y UPP, en condición de defensores de lo indefendible.

Cuando Elsa Canchaya puso a su empleada de hogar como asesora en la planilla del Congreso, el PPC y Unidad Nacional no salieron a distinguirse de ella, votando de inmediato por su destitución y su acusación constitucional. La defendieron hasta donde pudieron. No pasó mucho tiempo y Tula Benites sometió a prueba al Apra, cobrando el sueldo de un empleado fantasma. ¿Y qué hizo el Apra? ¿La sancionó desde el primer momento? No. Con excepción de Mercedes Cabanillas, sus colegas de bancada encontraron decenas de maneras para intentar salvar a la correligionaria, que al igual que Carlos Arana, fue operadora de campaña electoral. El Gobierno parecería deberles algo y a ambos no saber cómo pagarles.

¿La pena los mata por Sucari y por Anaya? ¿Y quién redime la pena que suscita la complicidad parlamentaria?