Llevar la ley a la selva o traer la selva a la ley

Por: Juan Paredes Castro |

El Gobierno cede frecuentemente a la tentación de hacer las cosas primero y explicarlas después y más aun cuando se necesita que la explicación y hasta el acuerdo o la concertación precedan a las decisiones.

Esto es lo que ha pasado con los decretos legislativos que norman la posesión de tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva, con todas las diferencias entre unas y otras.

Tales son las diferencias que si en lugar de ser perfeccionados fuesen derogados los decretos legislativos 1015 y 1073, quienes resultarían perjudicadas con la medida serían las comunidades campesinas de la sierra, cuyo régimen de propiedad carece de las aristas urticantes de las amazónicas y les permite, por el contrario, acceder, sin problemas, a las ventajas del desarrollo económico y social.

La solución no pasa entonces por la derogación de los decretos legislativos, a la mala y al carpetazo, tal como lo quieren las comunidades amazónicas y quienes las empujan en esa dirección, sino por una concertación entre ellas, el Gobierno y el Congreso, para perfeccionarlos.

De esta manera el Gobierno tendría que reconocer que se equivocó, obrando, en parte, inconsultamente, y las comunidades amazónicas caer en cuenta de que NO PUEDEN HACER tres cosas: a) abandonar la oportunidad de incorporarse a la modernidad de estos tiempos, dejando atrás más de 500 años de aislamiento; b) convertirse en fácil presa de la manipulación política de grupos y partidos interesados en sacar provecho de la agitación y la violencia; y c) descartar el cambio razonable quirúrgico al que deben someterse los decretos legislativos materia de controversia.

Lo que dice el Gobierno es cierto: los decretos legislativos aludidos y sus enmiendas no persiguen otra cosa, por decirlo así, que poner a la Amazonía en la vitrina de las inversiones. Pero este deseo bien intencionado tenía que haber partido de un principio básico: tratar codo a codo con las comunidades en cuestión. Una cosa no se oponía a otra. A la postre, el Gobierno termina ofreciendo las pruebas de la ineptitud de su gestión con el interior del país y de cuán fácilmente le cede espacio al antisistema, siempre listo para la alternativa de la nada por la nada, excepto en su cuota importante de violencia y paralización de los servicios públicos.

El Congreso tiene hoy la oportunidad de crear las condiciones de perfeccionamiento de los decretos legislativos cuestionados y de hacer de ellos palancas de desarrollo de las comunidades serranas y amazónicas, antes que potenciales fuentes de conflicto en manos del prematuro oportunismo electoral.