Enviar

Un necesario cambio de rumbo

Por Samuel Abad. Constitucionalista

H echos recientes nos recuerdan las dificultades que aún tenemos para contar con instituciones sólidas que generen credibilidad y respeto en la ciudadanía. Lo sucedido con varios congresistas que privilegian intereses personales frente al servicio a la nación, los "arreglos" para alcanzar la presidencia del Congreso, la denuncia de una parlamentario que dispone del sueldo de sus trabajadores o de otro que falsea sus gastos operativos así lo evidencian.

El Congreso desarrolla funciones legislativas, de control parlamentario, de representación y, además, nombra a determinadas autoridades. Hagamos un breve balance.

El Congreso es el titular de la función legislativa, que puede delegar en el Ejecutivo por un plazo determinado y para materias específicas.

Recientemente, la Ley 29157 concedió un plazo de 180 días para dictar decretos legislativos que implementen el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A su amparo, entre el 1 de enero y el 28 de junio, se dictaron 99 decretos. El Congreso en el mismo período aprobó 56 leyes.

Como se aprecia, cuando el Ejecutivo cuenta con facultades legislativas es más "productivo" y suele excederse. Además, el Congreso no siempre privilegia temas trascendentes, como cuando debatió la reforma para permitir la renuncia de un parlamentario: una propuesta con nombre propio. Y no avanza en temas estructurales: siguen pendientes la reforma constitucional del sistema de justicia, la carrera judicial, el empleo público, etc.

¿Qué ha sucedido con el control parlamentario? Al presente Congreso le ha sido imposible censurar ministros y ministras pese a su pésima gestión.

A ello se unen las dificultades para sancionar a los propios congresistas por las infracciones y delitos cometidos: muchas denuncias y pocas sanciones severas. Por ello, se sostiene que la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un mecanismo de impunidad. Y tampoco controla eficazmente los excesos del Poder Ejecutivo.

En una encuesta reciente, el Congreso aparece absolutamente desacreditado. La mayoría, pues solo cuenta con el 9% de aceptación (Apoyo, agosto del 2008), ratifica que carece de representatividad.

Finalmente, le resulta extremadamente difícil designar altos funcionarios. Las complicaciones para arribar a un consenso se evidenciaron, por ejemplo, en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), lo que condujo a la renuncia de calificados candidatos.

¿Cuál es el futuro del Congreso? En principio, debemos reconocer que detrás de esta situación existe un problema estructural, que no se resuelve solo con leyes. En lo inmediato, es imprescindible dar un mensaje al país de que el Congreso requiere cambios y que, por ejemplo, sancionará severamente las conductas deshonestas y delictivas de sus miembros.

Debe concentrarse en temas puntuales, una agenda básica que le permita elaborar leyes de calidad --la cantidad no es relevante-- y fortalecer su débil función de control. Ya tiene el reto de revisar 99 decretos legislativos. Además, en pocos meses tendrá que elegir al nuevo contralor, a fines del próximo año a dos nuevos magistrados del TC y en el 2010 al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. En todos estos casos deberá mostrar imparcialidad y elegir a personas independientes y calificadas. En el mediano plazo hay que debatir las reformas básicas que permitan definir qué tipo de representación parlamentaria y de Congreso queremos. No se puede seguir eligiendo "representantes" con partidos débiles, fragmentados o virtualmente inexistentes. Ese debate sigue pendiente. La democracia pierde con un Congreso en el que la ciudadanía no se siente representada: ahí ganan quienes promueven discursos autoritarios.

¿De quién depende este futuro diferente? Del propio Congreso y de su capacidad de tomar conciencia de que resulta indispensable un cambio. Ello exige una decidida voluntad política para cambiar de rumbo y no seguir debilitando una institución tan preciada para la democracia.