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Cuando las ONG llegan primero y el Estado después

Por: Juan Paredes Castro |

No son pocos los conflictos sociales en el Perú, por tierras o por minas, que tienen a una o más ONG, desempeñando un trabajo honesto, técnico y orientador, u otro que pone en tela de juicio sus objetivos, su quehacer y su reputación.

Las ONG no necesitan de aparatos inquisidores en un régimen democrático como el nuestro. Ellas son dueñas de su papel y de su responsabilidad ante la ley y ante el país que las acoge.

Y al margen de la rendición de cuentas que les corresponde ejercer y que no deben eludirla, las ONG saben que compiten ventajosamente con una administración estatal repleta de ineficiencias, y peor aun con autoridades que hacen de la queja permanente contra ellas un monumento a sus propias ineptitudes.

La autoridad del Gobierno y del Estado suele perderse y hasta disolverse a la hora en que sus cuestionamientos de las ONG, pudiendo ser oportunos y legítimos, esconden la pobre performance de sus cuadros burocráticos, frente a hechos y situaciones que no han sabido manejar o que los han sobrepasado.

Gobierno y Estado tienen que identificar todos aquellos puntos débiles en que su actuación es cubierta y superada por la de las ONG, como parte de demandas ciudadanas insatisfechas e instituciones y servicios públicos distantes e incompetentes. De esa manera dispondrán de mejores razones y argumentos para juzgarlas y evaluar su propio desempeño.

El campo donde las ONG suelen desplazar más a la burocracia estatal es el de los programas sociales. Pero si esta es una verdad monda y lironda ¿por qué el Gobierno y el Estado pierden tanto tiempo en la dificultad de acercar los servicios públicos de primera necesidad a quienes real y efectivamente los requieren?

Tampoco estamos ante la cuestión de que el Estado y las ONG sean excluyentes. Pueden trabajar perfectamente en colaboración y en armonía e inclusive manejar soluciones de conflicto conjuntas no siempre previstas en una relación contractual.

Lo que resulta insólito es que haya ONG dispuestas a actuar contra las reglas de juego democráticas e institucionales del país, y que, en oposición a ello, el Gobierno y el Estado demuestren ser demasiados laxos o inquisidores sesgados que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Los recientes acontecimientos en la Amazonía, con repercusiones legislativas y gubernamentales cruciales, encierran precisamente la lección de hasta dónde el Gobierno y el Estado tienen que estar quejándose hasta el cansancio de las ONG sin hacer absolutamente nada por los espacios de conflicto social a los que ellas llegaron hace mucho rato.