Le cortan las alas

Manuel Burga deberá desfilar nuevamente por el edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la policía, ubicado en la avenida España. Se vienen días tensos para el titular de la FPF y sus colaboradores más cercanos en la Videna. La ampliación de denuncia que acaba de formular el fiscal Jorge Enrique Sanz Quiroz solicita, además del levantamiento del secreto bancario, que la División de Estafas vuelva a citar a Burga para que este amplíe su manifestación y responda sobre los nuevos delitos que se le imputan.

La investigación por la presunta falsificación de firmas en los títulos del Instituto Alfonso Huapaya Cabrera ha derivado en una investigación por tres delitos: contra la administración pública en la modalidad de peculado, asociación ilícita para delinquir y contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita. De los tres, el más serio es el primero, pues en su forma agravada (que es como el fiscal lo consigna en su expediente) puede ser penado con hasta 10 años de prisión efectiva.

El plazo que ha puesto el fiscal para hacer las 15 pesquisas que ha solicitado es de 45 días, pasados los cuales deberá evaluar si hay mérito para presentar una denuncia. Por lo pronto, el doctor Sanz Quiroz manifestó ayer a la agencia Andina que el lunes o martes de la próxima semana solicitará a un juez el impedimento de salida del país para Burga, el secretario general Javier Quintana, Enrique Pacheco Velarde y Enrique Pacheco Farromeque.

Martín Ugarriza, abogado de la FPF en este caso, aseguró que Burga está dispuesto a ser investigado. Mostró, eso sí, su extrañeza por la inclusión de Javier Quintana en las pesquisas. "En la denuncia del procurador nunca se le menciona y no tiene nada que ver con el Instituto Huapaya", manifestó el defensor. "Se nota que se trata de una persecución política", insistió.