Tras conocer que el Poder Judicial ya empezó a implementar el Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres, un sistema informático que pone en línea los datos de estas personas, la Defensoría del Pueblo recordó la necesidad de interconectar también el Registro Nacional de Requisitorias Judiciales con el que tiene la Policía Nacional, pues ello evitará detenciones erróneas o fuga de procesados.
"La falta de regulación en este tema consiente la existencia de dos registros de requisitorias: uno del Poder Judicial, interconectado a escala nacional, y otro de la Policía Nacional, que no recibe las órdenes de captura o mandatos de detención de todos los órganos jurisdiccionales del interior del país, o los recibe con significativa demora", explica Imelda Tumialán, jefa del Programa de Derechos Humanos en Dependencias Policiales de la defensoría. En abril pasado la Dirección General de la PNP, mediante el documento 148-2008, les comunicó que había dispuesto a las oficinas respectivas que adopten las acciones necesarias para lograr la interconexión, pero hasta ahora ello no se concreta.
Hugo Suero, gerente general del Poder Judicial, indicó que ellos están listos para compartir la data y el software, incluso dio a conocer que se les había entregado equipos a la PNP, pero la traba estaría más en el manejo administrativo y la falta de decisión para afrontar el reto informático. Este incumplimiento también afecta al Poder Judicial, pues, a diferencia de la PNP, su registro no contiene requisitorias por terrorismo o narcotráfico emitidas antes de 1996, por lo que podrían dictarse detenciones que no se ajustan a ley.
En breve la defensoría solicitará a las direcciones policiales información sobre las acciones efectuadas para cumplir este objetivo.