En una reacción inmediata a la interpelación que hiciera a la ministra de Transportes, Verónica Zavala, el Congreso aprobó ayer dos normas encaminadas a imponer la autoridad en las pistas, ante la preocupante racha de accidentes de tránsito. Por un lado, estableció que quien permita, facilite o disponga la prestación del servicio de transporte público o carga sin la habilitación correspondiente o el manejo a una persona no apta podrá recibir hasta 5 años de cárcel. También aprobó sancionar a quienes manejen ebrios o bajo efectos de drogas tóxicas con pena de cárcel de 2 a 4 años; si son choferes de transporte público o de carga, purgarán de 4 a 6 años de prisión.
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