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Contra accidentes de tránsito: endurecer sanciones es solo un buen comienzo

La interpelación congresal a la ministra de Transportes, Verónica Zavala, ha tenido positivos efectos que deben ser el inicio de una campaña nacional, esta vez en serio, para disminuir radicalmente los accidentes de tránsito y garantizar la integridad y la vida de los pasajeros.

Por lo pronto, es positivo que el Congreso haya endurecido las medidas contra los choferes ebrios o drogados (que causan entre el 7% y 10% de las muertes en las pistas), así como contra las empresas que transgreden el Reglamento Nacional de Transportes, por ejemplo al autorizar turnos sin descanso a los choferes.

Así, las modificaciones al Código Penal aprobadas incrementan las penas hasta 4 años de prisión para estos casos. El reto ahora es aplicarlas rigurosamente, considerando que hay por lo menos 4.500 choferes que deberían estar procesados por estos delitos.

En todo ello tienen gran responsabilidad no solo la Policía Nacional y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también el Poder Judicial, pues algunos malos magistrados devuelven a las carreteras a choferes reincidentes a través de polémicas acciones de amparo. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debe estar atenta para detectar estas irregularidades y sancionarlas severamente, dado que, además de corromper el sistema de justicia, se pone en juego la vida humana.

Sin embargo, todo ello no es suficiente. La ministra Zavala ha planteado la creación de una superintendencia de transporte, así como involucrar aun más a los gobiernos regionales y locales en el control y prevención de accidentes. Ello es adecuado, pero faltaría aún precisar las funciones de cada cual y la manera de coordinar.

Las cifras son de espanto: Durante los primeros seis meses del año, 291 personas murieron y 2.777 resultaron heridas en 930 accidentes que van en aumento.

En este escenario mortal no puede perderse de vista la responsabilidad que corresponde a los propios pasajeros, que muchas veces alientan la informalidad del transporte y se hacen cómplices --y víctimas-- de los accidentes al permitir la transgresión de las normas. Al respecto, es urgente que se planteen campañas nacionales y permanentes de advertencia y recomendación para que cada cual sea más consciente de sus deberes y derechos como pasajero.

Asimismo, debe enfatizarse los controles en las carreteras y las garitas, usando para ello todos los recursos humanos y tecnológicos posibles. Esto es, no solo tacógrafos y GPS para los ómnibus y cámaras de video para los terminales, sino también la fiscalización permanente en las carreteras con patrulleros y hasta helicópteros policiales.

Estas acciones no pueden ser flor de un día. Cuando están de por medio la seguridad y la vida de millones de peruanos que viajan diariamente, no puede escatimarse ningún recurso. Es tiempo ya de que el plan Tolerancia Cero haga honor a su nombre para parar la masacre en las carreteras.