Es una buena noticia que la Municipalidad de Miraflores se haya sumado a una serie de entidades que se han puesto la camiseta de la lucha contra cualquier tipo de discriminación.
Antes lo hicieron los concejos de San Miguel y Magdalena, en la capital; y otros del interior del país, en las ciudades de Arequipa, Camaná, Junín, Lambayeque, Abancay y Ayacucho, en una saludable y vigorosa ola que debe crecer aun mucho más para lograr la convivencia pacífica y en igualdad de derechos de todos los peruanos, como lo establece la Constitución.
Tras el penoso incidente de Los Malditos de Larcomar, cuando se detuvo ilegal e injustificadamente a un grupo de ciclistas del cono norte, ahora la comuna de Miraflores se ha comprometido incluso a clausurar definitivamente los establecimientos en que se compruebe la realización de prácticas discriminatorias.
Se trata de una medida sin duda enérgica y que surge a raíz de los diferentes actos de segregación que se han denunciado en los últimos tiempos. Sin embargo, es indispensable que la autoridad municipal actúe sabiamente para no caer en excesos de ningún tipo.
La Defensoría del Pueblo ha destacado positivamente esta ordenanza, que debe alentar a otras municipalidades a denunciar cualquier práctica discriminatoria para, más allá de lo puramente legal, hacer comprender a toda la ciudadanía la necesidad de superar esas taras tan perniciosas como injustas, sobre todo en un país multicultural y mestizo como el Perú.