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Buscando un defensor para 99 decretos

Por: Juan Paredes Castro |

El contraste entre la euforia con que el Gobierno sacó a luz 99 decretos legislativos destinados a hacer viable el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y el embudo burocrático en el que han caído estos instrumentos, resulta patético.

Por lo pronto dos de los decretos legislativos que normaban el régimen de propiedad de las tierras en las comunidades amazónicas han sido derogadas por el Congreso. Pero su cuarto de vida sigue vigente en la medida que el Gobierno no ha dicho si promulgará la derogatoria o si la observará o si finalmente dejará que el Congreso insista en su decisión.

O sea que la derogatoria parlamentaria no ha definido hasta hoy absolutamente nada. Seguimos con dos decretos legislativos agónicos.

De los 97 restantes, hay uno, referido a la formalización de las mypes, que requiere reglamentarse urgentemente; de lo contrario no podrían hacerse efectivos importantes derechos sociales que trabajadores de este tipo de empresas están esperando. Y otro, vinculado a la suerte de incorporación de similares derechos a favor de trabajadores del Estado, bajo el sistema de servicios no personales (SNP) y que igualmente no opera a plenitud porque tampoco lo reglamentan.

Quedan 95 también por reglamentar. Y junto con todos los demás, estos tienen que pasar por el filtro revisor de una subcomisión especial en el marco de la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Pero qué pasa con ese filtro, otrora importante y respetable, hoy en día tan venido a menos? Que hasta no logra el quórum para formar este subgrupo de trabajo necesario. Así las cosas, nadie sabe cuándo el paquete de decretos legislativos tocará la responsabilidad de congresistas cuyas agendas personales y partidarias no parecen estar alineadas con las prioridades del Gobierno.

El perro del hortelano, con el rabo entre las piernas, sigue pues metido en la burocracia gubernamental y parlamentaria, en medio de la impotencia a veces risible de quienes, con las riendas del poder en sus manos, apenas logran espantarlo por un momento.

Es hora de que el presidente Alan García nombre algo así como un defensor de decretos legislativos, con capacidad y personalidad suficientes para entrar y salir con resultados de los ministerios laxos y sobre todo de las comisiones del Congreso.

El propio García tiene amarrada una parte de la recuperación de su aprobación pública a la ejecución de los decretos legislativos, que representan el paso más audaz por la reforma del Estado.

Estos tiempos de punto muerto burocrático no son los mejores para un García atento a las mediciones de su gestión presidencial.