EDITORIAL
Ante la grave denuncia sobre contenidos irregulares en los textos escolares, sigue pendiente el deslinde de responsabilidades, así como un plan de contingencia y de revisión del sistema por parte del sector Educación.
El objetivo debe ser terminar con el gran desorden e improvisación, que es más grave cuando está en juego la formación de los alumnos. Las pruebas están a la vista, por ejemplo en textos con contenidos que hacen clarísima apología del terrorismo, lo que es inaceptable.
No se trata, de ninguna manera, de alentar ni promover censura alguna --nada más alejado de la realidad ni de la coherencia democrática--, sino de llamar la atención sobre la urgencia y necesidad de imponer orden y transparencia en la estructura ministerial relacionada con los textos. Por ejemplo, debe establecerse un cronograma claro y anticipado de licitaciones de textos, mayor coordinación con las editoriales, revisión del sistema de licitaciones para permitir mayor competencia, validación de contenidos por personal calificado y, sobre todo, una instancia ministerial que asuma entera responsabilidad por todo ello.
En reiteradas ocasiones hemos apoyado las iniciativas ministeriales en el sistema educativo, por ejemplo para imponer la evaluación de profesores y acabar con la injerencia política e ideológica del Sutep. Esta vez, sin embargo, tenemos que llamar la atención sobre las debilidades del sistema de publicaciones, que exigen atención y cambios urgentes, para no desvirtuar la reforma educativa en curso.