Superintendencia asumiría el plan Tolerancia Cero del MTC

Por Andrea Castillo Calderón

Si el proyecto de ley del Ejecutivo para la creación de la superintendencia de transporte terrestre prospera en el Congreso, este organismo administrará el plan Tolerancia Cero, que actualmente aplica el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al servicio del transporte interprovincial de pasajeros.

La proyectada entidad también asumiría las funciones de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC. Estaría encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre transporte y tránsito terrestre nacional e internacional. La Dirección General de Transporte Terrestre continuaría ejerciendo las funciones normativas y de gestión que le corresponden, informó el MTC.

EL PROBLEMA DE FONDO
Mientras se esperaba que el Ejecutivo remitiera al Congreso de la República el texto del proyecto de ley para la creación de la superintendencia de transporte terrestre, especialistas y gremios vinculados a esa actividad saludaron la iniciativa, pero advirtieron que ella por sí misma no resolverá el problema de inseguridad vial del país.

Luis Alberto Martell Agusti, consultor en transporte, afirmó que una superintendencia de transporte terrestre podrá cumplir su cometido si es parte de un esquema integrado de políticas de Estado. Pero eso no es todo. Un organismo de ese tipo --dijo Martell-- debe promover el diálogo entre las partes involucradas en la problemática vial y luchar frontalmente contra la informalidad.

"El problema de fondo por resolver es la calidad del servicio y la inseguridad vial", dijo al recordar que durante el primer régimen del Apra hubo un organismo parecido, pero con el tiempo se politizó y no funcionó.

Luis Quispe Candia, director de la organización Luz Ámbar, saludó la iniciativa del Ejecutivo (una de las 20 propuestas que hizo la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, durante su reciente interpelación en el Congreso), pero advirtió que no debería limitarse al transporte interprovincial de pasajeros y de mercancías.

"Debe incluir el transporte urbano. La idea es crear un ente autónomo que administre y fiscalice el transporte y el tránsito. No se logra mucho si la autoridad sigue dispersa entre el MTC, como ente normativo y fiscalizador, los gobiernos regionales y los alcaldes", dijo.

NO BASTA FISCALIZAR
Dirigentes gremiales, como Joaquín Ormeño Cabrera, presidente de la Confederación de Transportistas del Perú, afirmaron que la mejora del sector no pasa por crear un organismo solo para fiscalizar. "Necesitamos un ente regulador de tarifas y que modernice las normas vigentes y combata la informalidad", dijo Ormeño.

El gerente general de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales, Carlos Guevara, sostuvo que hubiera sido mejor reforzar y dotar de recursos a la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC que esperar a implementar un organismo regulador.

"Hay cosas que se pueden hacer ahora, Mientras se discute el problema de la inseguridad vial, todos los días parten de Yerbateros vehículos particulares con pasajeros rumbo a Tarma o Huancayo, a vista y paciencia de las autoridades", afirmó Guevara.

CLAVES
Asumirá funciones de Provías
4Además de la fiscalización del transporte terrestre de personas y mercancías, la Superintendencia de Transporte Terrestre tendrá a su cargo la administración del sistema de imposición de papeletas por infracciones de tránsito a todo vehículo público o privado que circule por la red vial de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
4El nuevo organismo propuesto por el MTC también ejercerá las funciones de Provías Nacional correspondientes al control de pesos y medidas vehiculares a través de las estaciones de pesaje ubicadas en las carreteras de la red vial nacional. Asimismo controlará y fiscalizará la ubicación de avisos publicitarios, pero solo en la red vial nacional.

DEL CONSULTOR
Capacitar a los fiscalizadores*
No todas las normas influyen directa o indirectamente en la seguridad vial; es decir, no siempre desacatar una norma implica mayores riesgos (de hecho, puede tratarse de una restricción mal impuesta, como cuando se establece una velocidad máxima de 30 km/h en la Panamericana Sur). Considerando que los recursos de fiscalización son escasos, es imprescindible capacitar a los fiscalizadores, de tal manera que puedan discriminar y focalizar sus esfuerzos en aquellas normas que crean riesgo real . Por ejemplo, se debería intervenir contra los horarios de salida y llegada del servicio interprovincial que son imposibles de cumplir sin exceder los límites de velocidad.

Con respecto a las auditorías de seguridad vial, estas son una importante herramienta de prevención de accidentes que ayudará a que las vías sean seguras. Se recomienda empezar por la red vial concesionada. Ello permitiría formar y certificar auditores nacionales (que no hay). Así, en dos o tres años, se estaría en condiciones de auditar todas las vías.
* Juan Carlos Dextre. Especialista en temas de transporte