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La enorme y riesgosa deuda ética del Congreso

Es realmente impresionante el grado de cinismo y resistencia de nuestros congresistas a tomar medidas de sanción y de saneamiento ético de su entidad, sin reparar en el gravísimo daño que hacen al ya mermado prestigio de este poder del Estado y a la institucionalidad democrática.

Por supuesto que no se puede generalizar, pues hay algunos pocos parlamentarios que hacen honor a su nombre. Pero justos pagan por pecadores y lo que la ciudadanía ha presenciado últimamente enloda a toda la institución.

Así, hemos visto con creciente indignación cómo el tratamiento de las faltas o delitos que involucran a los parlamentarios Sucari, Anaya, Torres Caro, Espinoza y otros ha dejado mucho que desear tanto en la forma como en el fondo.

En lugar de propiciar procesos sumarios para desaforar de inmediato, por ejemplo, a Anaya y Sucari, en cuyos casos existen pruebas y testimonios consistentes que son de dominio público, se opta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pasar a sesiones reservadas.

Es decir, se abusa de esta modalidad, que debía ser inaplicable para estos casos, solo para evitar que la prensa y los electores presencien los tomas y dacas que se producen al interior, según la conveniencia de tal o cual bancada o las votaciones progubernamentales o antigubernamentales del procesado.

Lo mismo sucede en la llamada Comisión de Ética Parlamentaria, en la cual en los últimos días se tomó acuerdos disímiles y polémicos. Así, las graves y cuasi delictivas faltas de Sucari merecieron una suspensión de solo 60 días, mientras que la sanción máxima de 120 días se reservó para Gustavo Espinoza por supuesta violación de intimidad. En tanto, al ex humalista Torres Caro, más cercano al oficialismo ahora --y quien dijo en el audio grabado por Espinoza: "Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo"-- se le exculpó de todo cargo.

Por su parte, el congresista José Anaya sigue presentando descargos inverosímiles e insultantes tanto para la Comisión de Ética Parlamentaria como para la inteligencia y el sentido común de todos los peruanos. Ello mientras crece el escándalo y la indignación nacional al revelarse que no solo contrató a familiares en su despacho, sino que varios de sus hijos fueron colocados en puestos públicos, lo que solo podría explicarse por su apoyo al oficialismo.

Tal estado de cosas no puede continuar. Este Congreso, que cuenta solo con 9% de aprobación ciudadana, no puede seguir de tumbo en tumbo, perdiendo cada vez más credibilidad y legitimidad. ¿Con qué autoridad moral podría seguir dando leyes y fiscalizando si no puede ordenarse y juzgar las faltas de sus propios miembros?

El abuso de la inmunidad parlamentaria, convertida por muchos en una caparazón de escandalosa, conveniente y arbitraria impunidad, no puede seguir. Tampoco el otoronguismo vinculado a ella, que contamina la acción parlamentaria no solo al librar de sanción a algunos privilegiados, sino también al decidir la orientación o la aprobación (o no) de determinadas leyes, cuando el interés nacional se supedita a las agendas politiqueras.

Los miembros de las comisiones mencionadas, y pronto todo el pleno del Congreso, tienen que asumir su gravísima responsabilidad con la nación y con los ciudadanos que les delegaron su mandato para empezar a saldar la enorme deuda ética con ellos contraída.

Ello pasa necesariamente por sancionar severa e imparcialmente, incluso con el desafuero, a sus pares que faltaron a su juramento, violaron la ley y cometieron graves faltas y delitos, ante todo lo cual la ciudadanía y la prensa permanecerán alertas y vigilantes.