Enviar

El alto costo del modelo chavista en Bolivia

Nuevamente la estabilidad política y democrática del vecino país de Bolivia se ha visto resquebrajada por el violento enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y varias autoridades regionales, que ha dejado unos 30 muertos, muchos heridos y graves daños a la economía boliviana y la estabilidad regional.

La raíz se halla en la insistencia del régimen para retirar a las regiones los ingresos provenientes del impuesto a los hidrocarburos, una decisión cuestionada que sigue el modelo estatista, socialista e intolerante aplicado por Hugo Chávez y al que Bolivia ha mostrado su adherencia cuando, por ejemplo, impulsó un polémico proyecto de Constitución, que, además de estatista, ha resultado excluyente para el sector oriental del país.

La influencia del chavismo en Venezuela no solo es negativa para Bolivia, sino que --como estamos viendo-- puede generarle un alto costo, a pesar de tratarse de un aliado natural del propio gobierno.

Es importante que en las últimas horas, afortunadamente, se hayan reabierto algunos canales de diálogo entre las partes --sectores autonomistas y el Gobierno--, llamadas a ceder posiciones, como ha propuesto el ex presidente Carlos Mesa. Lo que se busca es un acuerdo en dos temas punzantes: el respeto de las autonomías regionales y el reparto de las regalías petrolíferas, que les fueron recortadas para financiar un proyecto de bonos para ancianos.

Sin embargo, queda aún mucho trecho por recorrer para devolver la paz social y política a un país donde la confrontación se está volviendo alarmantemente recurrente.

En principio, una de las lecciones de esta crisis es que las interferencias vengan de donde vengan siempre resultan funestas, desafortunadas y conflictivas, empezando por la que ejerce el presidente Chávez. Su incondicional anuncio de apoyar "cualquier movimiento armado en Bolivia" debió merecer el rechazo de las Fuerzas Armadas del país altiplánico por ofender a la soberanía de una nación autónoma e independiente.

En segundo lugar, queda demostrado que una crisis como la vivida tiene inevitables repercusiones internacionales. Aparte de declararse el estado de sitio en la región norteña de Pando, el Gobierno Boliviano cortó temporalmente el suministro de gas a Argentina y Brasil, expulsó al embajador de Estados Unidos, acusándolo de conspiración y, adicionalmente, denunció sin mayores pruebas que "sicarios peruanos" participaron en los actos de violencia.

Por eso resulta conveniente que la presidenta chilena Michelle Bachelet haya convocado a una reunión de emergencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Santiago, para buscar una salida al conflicto.

Por lo pronto, el Gobierno Peruano ha reiterado su respaldo a la democracia y a la unidad de Bolivia; su rechazo a la violencia, a cualquier esfuerzo separatista que atente contra la integridad de las naciones y a cualquier intervención que afecte la autonomía de los pueblos, que el Perú respeta. Pero también ha abogado por la instauración del diálogo entre las partes y, en lo que concierne a nuestro país, ha solicitado mayor información sobre la supuesta participación de "sicarios peruanos" en los actos de violencia.

En tanto, los bolivianos deberían sopesar la urgencia de afirmar su democracia, sin ceder a las influencias chavistas, que un gran sector de la población rechaza porque desestabiliza al país y ahonda la brecha confrontacionista convirtiéndola en una caja de Pandora de impredecibles consecuencias.