Por: Juan Paredes Castro |
Es cierto que las encuestas son fotografías del momento --gran consuelo de los políticos no favorecidos por ellas--, pero casi siempre representan una señal muy clara de lo que les espera a gobiernos y líderes o de lo que estos deben hacer y no hacer.
A Alan García le puede estar pasando lo que a Alejandro Toledo: esperar a tener una aprobación extremadamente baja (ya va en 19 %) para recién empezar a reconocer equivocaciones y emprender correcciones decisivas, si es que no sobreviene lo irreversible.
Reacciones tardías de este tipo, entre descreídas y soberbias, son muy típicas principalmente en las cumbres del poder.
Si Toledo no hubiera llegado a 8%, con la espada de Damocles de la vacancia sobre su cabeza, jamás habría caído en cuenta de sus errores personales y de gestión que erosionaban a diario su gobierno y su imagen pública.
Desde el demorado reconocimiento de su hija Zaraí hasta la prudente distancia adoptada en relación con la inicial injerencia política de su entorno familiar y con las presiones clientelistas de su partido Perú Posible, pasando por ajustes claves en su consejo de ministros, como la salida de Fernando Olivera, el ex jefe de Estado recuperó posiciones desde muy abajo para concluir su mandato con un aceptable 33 % de aprobación.
Claro que en esta recuperación de Toledo subyacía un claro reconocimiento a su manejo responsable de la macroeconomía.
En un comentario a El Comercio, el director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, advierte que la desaprobación de García, más allá del alza de alimentos, radica en el desencuentro del Gobierno Central con el interior del país.
¿Desde nuestro punto de vista cómo siente este desencuentro la gente del Perú profundo?
De un lado, cuando lo prometido no le llega, cuando el Gobierno y el Estado siguen siendo distantes en los servicios que prestan y cuando quienes dicen representarlo no lo representan. De otro lado, cuando lo que dejan de hacer las autoridades regionales y municipales se toma como un déficit de Lima y no local y cuando nunca es bueno y suficiente lo que son capaces de hacer el Gobierno y el Estado.
Las encuestas suponen un pago de facturas propias y ajenas. García sabe cuáles son. ¿Por qué entonces retrasa demasiado ciertas decisiones? ¿Dónde están los reglamentos a tantos decretos leyes nacidos al calor del TLC? ¿Dónde los gerentes que deben dar nuevo aire a la gestión pública? ¿Dónde una relación ejecutiva más cercana con los gobiernos regionales para evitar que estos culpen a Lima de sus males propios?