Gestión sudamericana en Bolivia

Editorial. El Mercurio de Chile

La cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), de reciente creación y convocada de urgencia el lunes en Santiago, aprobó por la unanimidad de sus 12 integrantes --representados por nueve presidentes y tres cancilleres-- una declaración sobre la situación boliviana. Al parecer, la convocatoria fue solicitada solo oralmente por el presidente de Bolivia a nuestra jefa de Estado, que ejerce la presidencia pro témpore del organismo, y aprobada por unanimidad, como posteriormente lo fue la declaración final.

Se produjo esta reunión ante una situación conflictiva en Bolivia, evidenciada en los últimos meses y que se agudizó en la reciente semana, y a ella se refiere esta actuación muy inusual de los demás estados sudamericanos en los asuntos internacionales de uno de ellos. Ella solo podía tener un sentido político, más que jurídico, si se producía a petición del afectado y conducía a un diálogo para superar el conflicto, como bien lo anticipó el presidente brasileño. Aunque informal, hubo petición y, sin duda, lo más importante de la reunión fue el llamado apoyo y "acompañamiento" de la mesa de diálogo que parece haberse acordado simultáneamente por los principales actores del conflicto boliviano, el Gobierno Central y los gobiernos autonómicos.

Jurídicamente, si se invocan --como se invocaron-- la cláusula y la Carta Democrática vigentes entre los países americanos para justificar la acción colectiva en asuntos de uno de ellos, eso correspondía a la OEA y no a Unasur, cuyo tratado --aún no vigente-- no contempla tal posibilidad y atribuciones. En tal sentido, y como precedente, la actuación sudamericana no parece adecuada ni conveniente, y la presencia de un silente secretario general de la OEA no la atenúa, sino al contrario. Es necesario preservar tratados y principios como el de no intervención, y procedimientos establecidos y probados.

La declaración consta de nueve puntos, ocho de los cuales prestan apoyo al gobierno del presidente Morales y a las posiciones que ha defendido internamente, en tanto que uno apoya la mesa de diálogo y le desea una solución sustentable y conforme al Estado de derecho. Legal y políticamente, es lógico apoyar a un gobierno elegido, al tenor de la Carta Democrática, y condenar cualquier posible intento de desestabilizarlo. Se omite, en cambio, toda referencia a la legitimidad democrática de ejercicio a que la misma carta se refiere. Se afirma, razonablemente, el principio de la integridad territorial, pero no hay referencia a la eventualidad de una descentralización no separatista. En su contenido, lo más fuerte y positivo es la solidaridad vecinal manifestada, el apoyo (aunque sin exigencias) a un gobierno democrático y, sobre todo, el respaldo al diálogo ahora en curso en Bolivia.

El contexto político no puede ignorarse, dadas las previas expulsiones por Bolivia y Venezuela de los embajadores de Estados Unidos, las declaraciones intervencionistas del presidente Chávez y su anuncio inconsulto de la reunión del lunes pasado. No hubo referencia directa ni indirecta a tales tensiones, pero el foro y el procedimiento tuvieron significado. La América Latina mayor se expresó en una declaración del Grupo de Río, y Estados Unidos ha guardado discreto silencio. En la ausencia de Alan García pueden haber influido sus desencuentros con el presidente boliviano.

En suma, se ha puesto en marcha un mecanismo diplomático riesgoso. Políticamente, son puntos favorables la solidaridad chilena y sudamericana con Bolivia, y la posible contribución al diálogo y a la paz en ese país. Ello dependerá, sin embargo, de su secuela y materialización en una ayuda respetuosa de la no intervención y de las posiciones de ambas partes que pueda prestarse al diálogo y la paz en Bolivia.