Más vale tarde que nunca. La Procuraduría del Ministerio de Vivienda ha anunciado que iniciará acciones legales, por ahora, contra 28 personas involucradas en el uso indebido de los bonos de seis mil soles para los damnificados del terremoto del año pasado que afectó Ica, Pisco, Chincha, Huancavelica, entre otras localidades del sur de Lima.
Han pasado ya varias semanas desde la denuncia televisiva del programa "Cuarto Poder", que aportó consistentes evidencias y testimonios sobre la existencia de mafias que, cual buitres, trafican abierta e impunemente con estos instrumentos diseñados para auxiliar a las víctimas.
La denuncia involucra al alcalde del distrito de Chilca, Pablo Nalda, así como a varios regidores y pobladores beneficiados irregularmente. Sin embargo, es obvio que no son los únicos, pues hay otras localidades donde se han denunciado esquemas similares por parte de inescrupulosos que tienen que ser aún identificados y denunciados.
Corresponde ahora actuar al Ministerio Público y al Poder Judicial. El castigo tiene que ser ejemplar, pues, además de estafa, hay un evidente abuso de la fe pública con recursos que son del Estado, lo cual es mucho más censurable cuando existen miles de afectados por el desastre que, con toda justicia, claman y necesitan ayuda sin poder recibirla hasta ahora.