EDITORIAL
En un hecho escandaloso, un juez desaprensivo, por decir lo menos, ha puesto en libertad y sin mayor trámite a más de treinta cocaleros ilegales que habían sido detenidos por la policía por bloquear vías y atacar violentamente a los vehículos en un paro.
Esto es muy serio y riesgoso, pues conculca principios fundamentales que señalan que la ley debe aplicarse de modo firme e imparcial, y nadie puede estar por encima de ella. También porque crea un grave precedente de permisivismo por parte de las autoridades encargadas de luchar contra la impunidad. ¿Qué mensaje se le está dando a los violentistas? ¿Acaso que pueden afectar sin castigo los derechos de los otros? ¿Y qué se les dirá a las víctimas?
Según se ha informado, el juez provincial de Huánuco David Beraún Sánchez no tomó en cuenta ni el atestado policial que daba cuenta de los graves daños ocasionados, ni la argumentación de la fiscalía que acusaba a los violentistas por perturbar la tranquilidad pública, resistencia a la autoridad y daños materiales.
Esta situación tan irregular no puede quedar así. La conducta del magistrado debe ser investigada por los organismos pertinentes, como la OCMA y ser eventualmente sancionada con todo el rigor de la ley, incluso con la destitución.