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De tripas corazón

Por Jaime de Althaus Guarderas

Es cierto que el Estado firmó un acuerdo con los médicos en febrero y lo incumplió. Y es cierto que los médicos de provincias y rurales están ganando menos. Pero resulta difícil entender cómo los médicos puedan hacer una huelga negándose a atender a los enfermos. Ello podría explicarse por algo que con ocasión de esta huelga ha salido a la luz de manera insoslayable: que en los hospitales hay dos sistemas paralelos: uno público, en el que el paciente no paga, y otro privado --las "clínicas privadas"-- en los que el paciente sí paga al médico, el que deja el 30% de lo que cobra al hospital. De esa manera, una huelga interrumpe el servicio público, pero --suponemos-- no el privado.

El hecho es que en los hospitales hay médicos que perciben por su práctica privada dentro del hospital, mucho más que lo que ganan por su sueldo público, aunque no todos están en esa misma situación: hay un grupo --los cirujanos-- que ganan más que los demás. Tampoco esto se aplicaría a las 6 mil postas, donde la posibilidad de privatizar parte del servicio es mucho menor. De allí la necesidad de pagar más a los médicos rurales.

En realidad, este sistema empezó a incubarse a partir de mediados de los 70, cuando la inflación empezó a reducir los sueldos de los estatales. Pero se afianzó con la hiperinflación. Allí se dio una nefasta colusión de mediocridad entre el Estado y los médicos (y maestros y policías): yo te pago poco pero te doy estabilidad laboral absoluta y permito que tengas ingresos privados (Webb y Valencia, en "Perú, la oportunidad de un país diferente", Banco Mundial, P. 728). En la medida en que el Estado colapsó, dejó de financiar a los hospitales. Se tuvo, entonces, que cobrar a los pacientes, inicialmente para gastos operativos. Pero la parte de los médicos ha ido creciendo. Ahora llegaría al 70%. De todos modos, con el 30% restante se financian gastos importantes de los establecimientos. Así, un director de un hospital de Lima informaba que un 40% de su presupuesto se financiaba mediante las tarifas. Y parece que nada menos que un 70% del presupuesto del INEN se financia de ese modo.

Entonces, aquí hay un sistema que está funcionado, pero de manera oscura, no fiscalizada y sujeta a corruptelas y abusos. Y de manera injusta para los pobres, que subsidian a los médicos o al Estado. Deberíamos aprovechar lo positivo de la experiencia y formalizarla en un sistema que incluya dos elementos principales: concesión de los hospitales a sus médicos o a empresas, y un seguro integral de salud bien focalizado en los pobres. De esa manera los establecimientos de salud concesionados le cobran al Estado por atención cuando el paciente es asegurado del SIS --este paciente no paga nada-- y le cobran directamente al usuario cuando este no pertenece al SIS. Con el agregado que el asegurado del SIS pueda ir al establecimiento de su preferencia, lo que incluye las clínicas o consultorios privados.

Se obligaría así, de paso, a los establecimientos estatales (ya concesionados) a competir. Y los médicos pasarían al régimen laboral privado, naturalmente. Ganando más, ya no necesitarían la compensación de la estabilidad laboral absoluta, que, por lo demás, es el peor incentivo para mejorar la calidad del servicio.