Por: Juan Paredes Castro |
Increíble pero cierto. Los ministros de Educación y Salud, José Antonio Chang y Hernán Garrido Lecca, respectivamente, son responsables de las políticas de Estado desde sus respectivos sectores, pero hay en estas un manejo descentralizado que escapa enteramente de sus respectivos mandos y controles.
Las direcciones descentralizadas de Educación y Salud son feudos de los gobiernos regionales, feudos con tal clientelismo y corruptela propios por dentro, que ni la contraloría desearía entrar a imponer el mínimo de disciplina.
Esto que se parece más a la anarquía ocurre en el día a día de la educación y de la salud pública, a la vista de un Gobierno Central que más parece darse por vencido que asumir algún grado de resistencia. Y el que debe tratar de revertir ello es el Congreso, por lo menos defendiendo lo constitucionalmente esencial: la naturaleza unitaria del Gobierno y la condición indivisible del Estado, dos cosas que se repiten frecuentemente, pero que no significan nada a la hora en que el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, es y pasa por potencial provocador de no pocos impunes conatos de sedición contra la República.
Convengamos, pues, que no pueden diseñarse políticas de Estado tan delicadas en metas y objetivos supuestamente de profundo rigor y compromiso, absolutamente divorciadas de su administración y control en todas sus líneas. Esto que precisamente no debe ni puede hacerse forma parte de la realidad actual. Y el Gobierno y el Estado están asumiendo los activos y pasivos de resultados que ni siquiera conocen por el forro.
Recuérdese que ya una vez el presidente regional de Áncash, César Álvarez, amenazó a Garrido Lecca con sacarlo a patadas cada vez que se atreviera a inspeccionar los hospitales de esa jurisdicción. Pregúntese si el ministro Chang puede mover algún nombramiento en las direcciones de educación regionales o controlar el desenvolvimiento pedagógico y administrativo de ellas. Nada de nada.
Lo peor de todo es que los presidentes regionales se han dado maña para distorsionar la percepción de la gente, haciendo que esta vea los males en el Gobierno Central y no en los predios locales. Algo de esto se traduce, por supuesto, en la baja aprobación presidencial, como harina de otro costal y de cuyas tortillas no podemos culpar a Alan García.
Hay la necesidad urgente de transferir nuevas y vigorosas competencias a las regiones. Pero a la vez también de corregir drásticamente otras, como las del manejo descentralizado y arbitrario en Educación y Salud.
¿Habrá alguien dispuesto a acabar con esta anarquía?