Ordenan al alcalde de Chosica someterse a la prueba de Elisa

Por Miguel Ramírez. Unidad de Investigación

La Novena Fiscalía Superior de Lima ordenó reabrir y ampliar las investigaciones contra el alcalde de Chosica, Luis Fernando Bueno Quino, denunciado por el presunto delito de propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas en agravio de la sociedad.

Como primera medida, solicitó que el alcalde Luis Bueno sea sometido a una prueba de Elisa para determinar si es o no portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Esta diligencia es fundamental para probar o descartar una grave y espeluznante denuncia penal que existe contra Bueno y que fue revelada por El Comercio en su edición del 13 de julio pasado: el mencionado alcalde, a sabiendas de ser portador de esa enfermedad, habría contagiado a varios miembros del serenazgo del distrito y a empleados de su entorno, luego de haberlos obligado a tener relaciones con él, a cambio de no despedirlos.

Dicha denuncia --tal como lo reveló el reportaje-- fue planteada en diciembre del 2006 por el médico Rubén León Rodríguez, pero fue archivada por una fiscalía de Chosica luego de una investigación deficiente en la que no se habían recabado exámenes y testimonios fundamentales.

Según León, la denuncia se archivó porque Bueno Quino es alcalde de Chosica desde hace 17 años y es amigo de todas las autoridades de ese distrito. El fiscal que ordenó archivar su caso fue el doctor Lizardo Suárez Franco, a quien durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori se le vinculó con Vladimiro Montesinos y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. Hace unas semanas, Suárez no fue ratificado como fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero aún continúa en su cargo.

LAS COSAS EN SU SITIO
Tras la publicación del artículo periodístico, la procuradora del Ministerio de Salud, Jesús Fanny Freigeiro Morán, se abocó al estudio del caso, se reunió con varios testigos, recabó documentos importantes y presentó un recurso de queja en contra de dicho archivamiento ante la Novena Fiscalía Superior, a cargo de la doctora Miriam Riveros Castellares.

Su pedido surtió efecto. El 8 de agosto pasado, la fiscal superior Riveros Castellares le dio la razón. En una parte de su resolución --a la que El Comercio ha tenido acceso-- la magistrada afirma lo siguiente: "Del análisis de los actuados se aprecia que el delito denunciado no ha sido debidamente investigado, advirtiéndose que faltan actuarse diligencias sustanciales y fundamentales para lograr una completa y prolija investigación sobre los hechos imputados, máxime si se encuentra involucrada una autoridad edil".

Seguidamente señala: "En el presente caso, para demostrar la existencia de la enfermedad de VIH en el denunciado (el alcalde Bueno) resulta fundamental e indispensable tomar la muestra del VIH (prueba de Elisa) en el Instituto de Medicina Legal (servicio de Atoquil), a fin de detectarse la presunta enfermedad del denunciado".

También señala que a Bueno se le practique la prueba del Western Blot, que sirve para confirmar la carga viral y el grado de infección de la enfermedad, en un hospital perteneciente al Estado, que cuente con la garantía y verificación del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

La resolución fiscal señala que, si bien es cierto Luis Bueno se practicó la prueba de Elisa en el laboratorio Roe con resultado negativo, "el resultado consigna solo el nombre de Luis Bueno Quino, cuando el nombre completo del denunciado, según la ficha del Reniec que se adjunta a la presente es Luis Fernando Bueno Quino".

El documento del mencionado laboratorio que Luis Bueno presentó como prueba de parte para demostrar que no tenía sida fue cuestionado en su momento por el médico Rubén León, el principal acusador del alcalde. "Es probable que una persona sana lo haya suplantado en el examen que se hizo en el laboratorio ROE", declaró León.

Dicho laboratorio, además, tampoco exige que sus clientes presenten algún documento de identidad. Por eso, la prueba de Elisa que ahora está ordenando la Novena Fiscalía determinará si Bueno fue quien se hizo ese examen o alguien lo suplantó.

LAS HISTORIAS CLÍNICAS
La misma resolución ordena que se recabe del hospital Hipólito Unanue la historia clínica número 802844 del paciente Rubén Iván Candela Cárdenas; y del Hospital de Apoyo de Chosica la historia clínica número 034438 y el informe médico del paciente César Antonio Rupay Velásquez.

Rubén Candela Cárdenas --tal como lo dio a conocer este Diario en julio pasado-- es portador de VIH y, como tal, contagió a su conviviente Vicky Gallegos Zúñiga. La misma joven declaró a este Diario que su pareja le confesó que quien lo había contagiado era el alcalde Luis Bueno Quino, para quien trabaja desde hace muchos años. Cuando Candela fue llamado a declarar por el fiscal que archivó la denuncia, negó que tuviera esa enfermedad. Y la autoridad le creyó. Ahora Candela volverá a ser citado a declarar.

César Antonio Rupay también era un hombre de confianza del alcalde Luis Bueno. Rupay murió de sida el 5 de enero del 2002 en el hospital Dos de Mayo. En un video que el médico Rubén León presentó en su denuncia contra el alcalde, Alfonso Rupay Velásquez (hermano de César Antonio) declaró que, antes de morir, su hermano le confesó que fue Luis Bueno quien lo había infectado de esa enfermedad. El fiscal nunca llamó a declarar a Alfonso Rupay.

La resolución también ordena que se reciban las testimoniales de Martín Braga Meléndez (ex miembro del serenazgo de Chosica), Carlos Quinteros Flores y Raúl Arbildo Sánchez (funcionarios de ese municipio), a quienes también se les practicará la prueba de Elisa. Al mismo examen serán sometidas Lidia Esperanza Flores y Olga Picón Baltazar.

Todas las diligencias que ha ordenado la Novena Fiscalía Superior serán realizadas por la Segunda Fiscalía de Chosica, en donde hasta la semana pasada continuaba el cuestionado fiscal Lizardo Suárez.

Como es de esperarse, la procuradora del Ministerio de Salud, Jesús Fanny Freigeiro, y la prensa estarán atentos y vigilantes para que las diligencias se realicen con celeridad e imparcialidad.

Una muerte sin resolver
El pedido para que se recabe la necropsia de la periodista Consuelo Ruiz Ramírez ha llamado poderosamente la atención. Ruiz fue encontrada muerta el 7 de enero del 2004 en una habitación que compartía con Luis Albertis Sánchez, un funcionario de confianza del alcalde Luis Bueno.

La periodista era una defensora acérrima de Bueno, pero seis meses antes de su muerte se distanció de él y comenzó a atacar públicamente su gestión edilicia. Las investigaciones que realizaron la policía y una fiscalía de Chosica determinaron que Ruiz se suicidó y el caso se archivó. Pero meses después, informes periodísticos revelaron indicios que señalaban que la periodista no se mató, sino que la habrían asesinado.

Una fuente judicial comentó a El Comercio que existiría un testimonio según el cual la periodista tenía sida y habría sido contagiada por Luis Albertis Sánchez y este, a su vez, por el alcalde Bueno.

Consuelo Ruiz, según esta versión, iba a denunciar este hecho públicamente en radio Siloé de Chosica. Incluso, la periodista Elizabeth Salinas dijo a este Diario que ella misma escuchó que Ruiz, tres días antes de su muerte, anunció en su programa que haría una grave denuncia contra Luis Albertis y el alcalde Luis Bueno.