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Transantiago: el dolor de cabeza de Michelle Bachelet

Por Moisés Ávila Roldán. Corresponsal

Un transporte moderno para una ciudad considerada entre las más modernas de Latinoamérica. Desde febrero del 2006 Santiago de Chile cuenta con un nuevo sistema de transporte público, el Transantiago. Pero, lejos de convertirse en un alivio para la ciudadanía --aunque es cierto que las calles lucen menos congestionadas que hace dos años--, se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la presidenta Michelle Bachelet.

El plan gubernamental de transportes ha funcionado con grandes falencias desde su creación, y en lo que va del año el déficit supera los 250 millones de dólares, sin que por el momento se observen cifras en azul.

El Estado se ha comprometido a subsidiar los pasajes y a evitar el alza de las tarifas hasta que el sistema funcione adecuadamente. De hacer lo contrario, no solo tendría en contra a los grupos de oposición sino también a los ya descontentos usuarios.

El pasaje fluctúa entre los 380 pesos (2,12 soles) y 420 pesos (2,35 soles, aproximadamente) en hora punta. De no contar con el subsidio, el precio se dispararía a 600 pesos (3,35 soles), monto que la población no está dispuesta a pagar, pues considera que la calidad del servicio no lo amerita.

Los tiempos de espera entre un ómnibus y otro siguen siendo largos, así como las enormes colas que se forman para poder subir a una unidad de transporte.

A esto se suma el hecho de que muchas de las unidades que se anunciaron como nuevas, cómodas y modernas, no son más que los mismos ómnibus amarillos del antiguo sistema (similares a los del desaparecido Enatru Perú), pintados de color verde y blanco, que es el distintivo del Transantiago.

El sistema está integrado por operadores privados, que tienen ómnibus o los alquilan de terceros para prestar servicios en las distintas líneas capitalinas, y tienen que cumplir ciertos estándares en el servicio, que son cuestionados por los usuarios.

El descontento popular se ha visto reflejado en el último sondeo sobre aprobación presidencial divulgado el 5 de setiembre. La gobernante registra el índice más bajo del año, 42,1% --según la encuestadora Adimark--, que se atribuye en gran parte al mal funcionamiento del sistema de transportes capitalino.

La situación es tan compleja que en el Congreso ya no están dispuestos a continuar aprobando presupuestos que permitan operar al Transantiago con enormes pérdidas. Los parlamentarios de oposición tampoco quieren pactar con el Gobierno, hasta que este asuma que debe rediseñar por completo el sistema.

"No hay nadie que, con las actuales bases, esté a favor de un acuerdo político, nadie. La Alianza (por Chile, agrupación opositora de derecha) ha dicho al Gobierno que haga un nuevo sistema de transportes, y ahí nos sentamos a conversar", asegura el legislador Jovino Novoa (Renovación Nacional).

Recientemente, el Ejecutivo tuvo que retirar el carácter de urgente al proyecto de ley para que el Congreso les autorizara el subsidio permanente al Transantiago, previendo que no lograría el voto aprobatorio de los legisladores.

FONDOS INCONSTITUCIONALES
Alguna vez, la presidenta Michelle Bachelet aseguró haber tenido la corazonada de que no debieron inaugurar el sistema tan apresuradamente. Algunos de sus opositores aseguran que debió hacerle caso a su presentimiento. Ante la negativa del Congreso de aprobar el presupuesto (de manera simbólica, el año pasado solo le autorizó dos dólares), en junio último el Gobierno recurrió directamente a un préstamo de 400 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el argumento de mejoras en el sistema de transporte público. También solicitó un préstamo del Banco Estado (similar al Banco de la Nación del Perú).

Cuando parecía que esta medida había aliviado en algo sus problemas presupuestales, la semana pasada, y ante la demanda presentada por un grupo de legisladores, el Tribunal Constitucional de Chile declaró inconstitucional el préstamo, al considerar que el Gobierno infringió el principio de legalidad y las atribuciones del Parlamento, al solicitar recursos mediante decreto y no por ley.

Esto motivó la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para que revise los créditos solicitados para financiar el plan Transantiago. Ante la falta de recursos, el Gobierno debió sacar el último as que tenía bajo la manga.

PRESUPUESTO DE EMERGENCIA
El artículo 32, inciso 20, faculta al Poder Ejecutivo a utilizar el 2% del presupuesto para atender necesidades impostergables de calamidades públicas o el agotamiento de recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país.

Bajo este último concepto, el Gobierno anunció la semana pasada que recurriría a esa facultad para financiar el alicaído sistema de transporte, teniendo en cuenta que su detención iría en perjuicio de la comunidad. Este nuevo monto --equivalente a 850 millones de dólares-- le dará la solvencia que necesita mientras se sienta a negociar con la oposición.

Gran parte de este dinero saldrá del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual tiene un saldo a favor por la baja en el precio del petróleo.

Pero la alianza opositora ha dejado en claro que no conversará nada mientras no se solucionen los aspectos técnicos que, a su juicio, son los que generan las más grandes pérdidas en el sistema.

El ministro de Transportes, René Cortázar, quien ha tenido un duro trabajo por estos meses, aún confía en que podrá sacar adelante el sistema. No obstante, un grupo de parlamentarios ya prepara un proyecto para instaurar un mecanismo transitorio de transporte, hasta que se tome una decisión final sobre el Transantiago. Mientras ese día llega, los capitalinos seguirán en el paradero, esperando un bus que los lleve al trabajo y los traiga a casa sin contratiempos.

La evasión, un gran problema
El pago del pasaje se hace a través de la denominada tarjeta BIP, la cual debe ser precargada con dinero en cajas autorizadas. A punto de subir al ómnibus, el pasajero debe acercarla a una máquina con un sensor que, luego de un pitido, dará el pasaje por pagado y el monto le será descontado de la tarjeta. El sistema confía en la buena fe de las personas.

Ya sea por descontento o por falta de cultura cívica, muchas de estas personas suben a las unidades de transporte sin realizar la operación y, por ende, sin pagar su pasaje. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transportes, 1 de cada 10 pasajeros evade el cobro. Por ello, ha iniciado una campaña de fiscalización.

Diariamente, unos 150 agentes recorren la ciudad, suben al ómnibus y, mediante un aparato similar a un POS para tarjeta de débito, comprueban si el monto ha sido descontado de la BIP. Si no pagó, invitan al pasajero a que lo haga. Si se resiste, le piden que se baje. Por ahora, las sanciones son solo verbales, pero se prevén multas de hasta 110 dólares para los evasores.

MÁS DATOS
A. El sistema de transporte Transantiago es el mismo que próximamente se instalará en Lima y que se llamará el Metropolitano.

B. También es similar al Transmilenio de Bogotá. Este sistema fue inaugurado el 4 de diciembre del 2000 y puesto en funcionamiento el 16 del mismo mes. Los habitantes de la capital colombiana lo han calificado como exitoso.